El ex jefe de la Unidad Regional II Néstor Arismendi deberá responder en Tribunales sobre las inconsistencias detectadas en su patrimonio por una investigación de la Dirección de Asuntos Internos de la policía de Santa Fe. El juez de Instrucción Nº 3, Luis María Caterina, lo llamó a indagatoria luego de estimar suficientemente fundada la sospecha de que este oficial superior adquirió propiedades en forma indebida, que delegó a nombre de testaferros para evitar una persecución por enriquecimiento ilícito. Precisamente el delito por el cual se lo sospecha y será imputado.

La investigación acusatoria determina el modo en que Arismendi fue adquiriendo propiedades a las que ponía a nombre de terceras personas para evitar problemas legales. Un nombre que aparece como propietario formal de viviendas compradas por Arismendi provocó especial sorpresa en el juzgado. Es un hijo de Leonardo Popea, un hombre de 57 años que en junio fue procesado como organizador de una red de traficantes de droga que operaba en cinco ciudades de la provincia, quien quedó al descubierto con operativos en los que se decomisaron 29 kilos de cocaína en mayo último (ver aparte).

Arismendi, que fue el conductor de la policía rosarina hasta abril del año pasado, niega en forma rotunda los cargos de enriquecimiento ilícito. Manifiesta que sus posesiones son muchas menos que las que se le atribuyen, que están legalmente declaradas y que no disimuló ninguna otra mediante la delegación a terceros. La investigación de Asuntos Internos señala, sin embargo, que de manera subrepticia fue engordando su patrimonio, y que se le detectaron bienes a nombre de personas interpósitas, algunas de los cuales son familiares y otras personas afines.

Maipú al 900. Una de las principales compras solapadas que le reprochan es la de un lote de cuatro viviendas en un pasillo interno de Maipú al 900. Dos de ellas aparecieron escrituradas en favor del hijo de Popea y las otras dos a nombre de su suegra. Estas viviendas fueron vendidas por una mujer que ofreció en sede judicial un testimonio considerado muy valioso. Señaló a Arismendi como el comprador de las cuatro casas pero dijo que al momento de la escrituración, en la escribanía, el ex jefe de la Unidad Regional II rompió el boleto de compraventa que había firmado con ella. Y que en el acta notarial se inscribieron los nombres de las personas que aparcen como dueños.

Esas viviendas fueron escrituradas a unos 500 mil pesos en total, luego refaccionadas y finalmente puestas a la venta a un precio notoriamente más alto. Una de las casas, según fuentes de la pesquisa, fue ofrecida por una inmobiliaria a 120 mil dólares.

La quinta de Zavalla. También la pesquisa posó su interés sobre un inmueble de cuatro hectáreas entre Zavalla y Pérez. La casa enclavada en el lote era inicialmente precaria pero con el tiempo fue convertida en una vivienda magnífica, con pileta. Quien aparece en el Registro de la Propiedad como dueño es un cuñado del jefe policial. En la investigación constan referencias de testimonios de vecinos, en un lugar conocido como Camino del Retiro, que señalaron que tenían como dueño de la casa a Arismendi y no conocían a su cuñado. Según el relevo, el cuñado del alto oficial se inscribió como monotributista, en una categoría alta, en una época que es próxima a la escrituración de este inmueble.

La investigación le objeta asimismo a Arismendi haber transferido una vivienda de Funes a nombre de una sobrina de la esposa para, con el producido de esa venta, justificar la compra de una casa en Campbell al 900, en el barrio Belgrano de Rosario.

El problema. El 12 de diciembre de 2011, a dos días de asumir el gobierno de Antonio Bonfatti, el primer ministro de Seguridad de la gestión, Leandro Corti, tuvo su primer gran dolor de cabeza. Fue al enterarse que Arismendi, a quien había designado por la mañana en un acto oficial como máximo jefe policíal en el departamento Rosario, tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito. Estuvo en el puesto algo más de cuatro meses. La denuncia que motivó la investigación fue de carácter anónimo y señalaba por ese delito a otros 17 empleados de la mayor fuerza de la provincia. Era el año 2008. El sumario se agilizó cuando Corti se enteró de su existencia.

Asuntos Internos emplazó a Arismendi el 8 de agosto para que justificara el origen de sus bienes en esa sede administrativa. Como la respuesta del alto oficial no satisfizo a los investigadores, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia.

La causa recayó en el juzgado de Caterina quien, tras examinarla, resolvió citar al ex jefe de Rosario para indagarlo de lo que fue notificado el sábado pasado.

Arismendi pidió la baja de la fuerza policial en diciembre del año pasado.

"Demostraré que todo es lícito"

El comisario Néstor Arismendi afirma que la pesquisa sobre su patrimonio enumera de manera desatinada una cantidad de viviendas que nunca poseyó de manera simultánea y aseguró que en varios casos se desprendió de un inmueble para adquirir otro. En este sentido, dijo que la investigación de Asuntos Internos no consigna tal cosa sino que registra todo como posesiones simultáneas. El oficial, que fue notificado la semana pasada de su citación a indagatoria ante el juez Luis María Caterina, dijo a este diario cuando le hicieron el requerimiento de justificación patrimonial: “Voy a demostrar que lo que poseo lo obtuve de manera lícita y trabajando”.

Foco en un supuesto prestanombre

La investigación patrimonial de Asuntos Internos establece que uno de los hijos de Leonardo Popea, detenido en mayo por narcotráfico, aparece como testaferro de Néstor Arismendi.

El muchacho apareció como dueño de dos viviendas en Maipú al 900 que una mujer, vendedora del inmueble, dijo como testigo judicial haber cedido a Arismendi con un boleto de compra venta.

Leonardo Popea fue acusado y procesado por ser responsable de una cocina y un laboratorio de cocaína que alimentaba a quioscos de Rosario, Granadero Baigorria, Correa, Coronda y Cañada de Gómez.

El hombre habitaba una casa de Funes de la cual la madrugada del 13 de agosto se llevaron a uno de sus hijos en un misterioso secuestro. Tres delincuentes ingresaron a la propiedad sin violentar aberturas y se llevaron cautivo al joven bajo amenazas con armas. Viajaron entonces hacia Rosario con el supuesto propósito de robar la joyería donde trabaja, casualmente en Maipú al 900. “La llegada de un móvil policial dispersó a los captores”, se dijo oficialmente.

El 7 de mayo, en tanto, la policía santafesina junto a la Federal realizó el operativo “Otoño blanco” que desbarató una red de producción, distribución y venta de drogas en el sur provincial. Hubo 23 allanamientos en los que se secuestraron 29 kilos de cocaína, 3.6 de marihuana, 100 kilos de sustancias para estirar la droga, 57 litros de precursores químicos, tres autos y dos motos. El juez federal Carlos Vera Barros procesó a 11 personas, entre ellos a un ex policía y a Leonardo Popea, padre del supuesto testaferro del ex jefe policial.

Fuente: La Capital