Durante la realización de las elecciones del pasado 19 de abril, se produjeron demoras en la constitución de muchas mesas de votación por una marcada ausencia de las autoridades que habían sido convocadas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y no se presentaron. 

Según lo manifestado a los medios durante esa misma jornada por la secretaria del Tribunal Electoral, Claudia Catalín, se produjo un “faltazo importante” de los presidentes de mesa que, en muchos casos, se pudo cubrir gracias a un listado de voluntarios inscriptos en una base de datos del organismo.

Consultada sobre la cantidad exacta de ausencias y sobre la posibilidad de que haya penalidades para quienes esquivaron la carga pública, la responsable del Tribunal Electoral sostuvo que aún “se está procesando la información”, porque además de constatar las ausencias se debe comprobar si la autoridad que faltó presentó alguna justificación por ausencia que la ley otorga.

“Eso está siendo analizado por el Tribunal en estos momentos, porque en los días previos todo el personal estuvo abocado a la realización y finalización del escrutinio definitivo” contó.

El artículo 132 del Código Electoral Nacional establece prisión de seis meses a dos años a los funcionarios y a los electores designados para el desempeño de funciones en las elecciones que no concurran sin causa justificada, y si bien esta opción está descartada por las autoridades electorales, se evalúa “tomar alguna medida en consecuencia” porque se trata de una “carga pública” de la que los ciudadanos no pueden desentenderse.

“Algún tipo de medida se va a tomar porque necesitamos de la responsabilidad de la ciudadanía en este rol en el cual los ciudadanos son irreemplazables”, señaló Catalín y añadió que a pedido de Roberto Falistocco, presidente del Tribunal Electoral, una de las opciones que analizan es citar y tomar declaración a los presidentes de mesa que no asistieron para que expliquen el motivo de su ausencia.

“Falistocco nos pidió que revisemos un antecedente de su propia gestión, en 2007, en donde se citó y se tomó declaración a los faltantes. Esto hizo reaccionar favorablemente a las autoridades que no habían asistido y es una de las primeras posibilidades que se están evaluando”, contó la funcionaria.