La Corte Suprema de Justicia reconoció  que la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, perpetrado en 1992, "continúa" abierta, pese a que ya se probó cómo ocurrió el ataque y "la responsabilidad penal de sus autores". A través de un comunicado, el alto tribunal aclaró los dichos de su presidente, Ricardo Lorenzetti, sobre el estado de la causa.

"Está probada la materialidad de los hechos (cómo ocurrió el atentado) y también señalada la responsabilidad penal de sus autores", subrayó un informe oficial difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Corte tuvo que salir a hacer la aclaración luego de que Lorenzetti, al inaugurar el año judicial, afirmara el martes pasado que la pesquisa era "cosa juzgada".

"Ambas circunstancias (pilares de la investigación) fueron consentidas por las partes, y sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional", añadió el documento.

La expresión de Lorenzetti fue una respuesta al reclamo que le realizó la presidenta Cristina Kirchner el domingo, en el marco de la Asamblea Legislativa.

Un día después de los dichos de la jefa del Estado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en el Congreso de Estados Unidos que "Irán voló la embajada" de su país "en Buenos Aires y el centro comunitario", en alusión a la Amia.

Por su parte, la Embajada de Israel en Buenos Aires sostuvo que "la responsabilidad acerca del cuidado de toda delegación diplomática se encuentra en manos del país receptor de la misma". Y recordó que "es competencia y responsabilidad del Estado a rgentino investigar el atentado".

Sin embargo, en un documento firmado por el secretario Esteban Canevari, a cargo de la causa, se indicó que "la Corte tuvo por probado que el hecho fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F-100".

"También la Corte, en la mencionada resolución, se expidió sobre la responsabilidad en el hecho investigado, atribuyéndosela al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah", añadió el texto.

Nombres. El documento atribuye responsabilidades a Abbas Musawi, secretario del Hezbollah, e Imad Mughniyah, quien dirigía el aparato de seguridad central y exterior de esa organización y era el responsable de la Jihad Islámica.

"Mughniyah habría fallecido el 12 de febrero de 2008 en un atentado en Damasco, por el estallido de un coche bomba", consignó el documento.

El tribunal también detectó "vínculos entre el Hezbollah y personas sospechosas que desarrollaban actividades supuestamente comerciales en la zona conocida como Triple Frontera, entre otros, ". Y señaló que el alto tribunal "libró una orden de captura" contra esa persona, que no se concretó.

"En junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania a Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operativo del Hezbollah, quien habría relatado que en 1991 viajó a San Pablo (Brasil) y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos que transportó a la Argentina en ómnibus —disimulados en cajas de alimentos—, los que más tarde fueron utilizados para el atentado contra la embajada", abundó.

La Corte también recordó que "el 20 de diciembre de 2006 se reiteraron las órdenes de captura internacional de Imad Mughniyah y José Salman El Reda".

Reacciones. Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró ayer que "no hubo respuesta" del titular de la Corte a la jefa del Estado durante el discurso de apertura del año judicial.

Luego destacó que el máximo tribunal "les habla a los otros poderes con sentencias, no con una expresión del presidente". Además, negó que los jueces sufran "presiones" por parte del Ejecutivo.

En tanto, el gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el oficialismo, Daniel Scioli, pidió que "no politizar la Justicia ni judicializar la política", al opinar sobre las expresiones de Lorenzetti, quien habló de "poner límites" y "no ceder a las presiones".

La Justicia indagará a Vandenbroele el 8 de abril

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al detenido empresario y abogado Alejandro Vandenbroele, procesado en la causa Ciccone. Es por presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de Formosa, provincia gobernada por el ultrakirchnerista Gildo Insfrán.

Vandenbroele fue citado para el 8 de abril próximo, mientras que para el día anterior fue convocado Jorge Ubaldo Melchor, ex titular del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro), ambos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Vandenbroele está procesado en la causa Ciccone junto al vicepresidente Amado Boudou y preso en Mendoza a pedido de la Justicia de Uruguay por presunto lavado de dinero.

Como titular de The Old Fund, la controlante de la ex Ciccone Calcográfica, Vandenbroele participó de la renegociación de la deuda de Formosa, por lo que cobró 7.667.161,30 pesos.

Casanello citó a indagatoria a Vandenbroele porque consideró que The Old Fund no contaba con la estructura ni la experiencia para hacer una renegociación de deuda pública y por la declaración de expertos que, como testigos, sostuvieron que no era necesaria la intervención de una empresa privada para esa función.

La renegociación de la deuda fue en abril de 2009, cuando al frente del Ministerio de Economía formoseño estaba Carlos Fernández y el gobernador era, precisamente, Insfrán.

Por su parte, el ex titular del Fonfipro fue citado a indagatoria para el 7 de abril porque habría incumplido sus funciones al contratar a The Old Fund.

Vandenbroele está procesado en la causa Ciccone porque The Old Fund se quedó con el 70 por ciento de las acciones de la compañía con la intervención de Boudou como ministro de Economía, lo que fue ratificado por la Cámara Federal.

En tanto, Vandenbroele, Boudou y familiares del vicepresidente y su socio y amigo, el empresario José María Núñez Carmona, están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Vandenbroele fue detenido el 20 de febrero pasado en Mendoza por orden de un juez de Uruguay, que solicitó su extradición a ese país en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero en la transferencia de fondos mediante la empresa Dusbel, que actuó como aportante de capital a Ciccone cuando fue adquirida por The Old Fund.

La Justicia uruguaya pidió su detención porque Vandenbroele faltó a dos declaraciones indagatorias en ese país.

Walter Bento, juez federal de Mendoza, rechazó la excarcelación de Vandenbroele por considerar que en libertad podría fugarse.

Su defensa apeló la resolución para que intervenga la Cámara Federal de esa provincia.