La entidad que agrupa a jueces y funcionarios del poder judicial pedirá al Ministerio de Seguridad de la provincia la creación de un grupo profesionalizado y con capacidad para investigar las amenazas sufridas por magistrados y fiscales que intervienen en causas que comprometen a posibles organizaciones delictivas. La demanda llega después de un año en el cual se sumaron "varias" situaciones de intimidación con el claro objetivo de "amedrentar el accionar de una investigación", advirtió el presidente del Colegio de Magistrados, Ariel Ariza.

La conducción del colegio se reunióeste martes para terminar de definir los detalles del escrito que presentarán sobre el fin de la semana a los integrantes de la Corte Suprema provincial y a los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia.

La idea es que el máximo tribunal acompañe el pedido de jueces y fiscales a las autoridades provinciales, que mostraron haber tomado nota del problema. El ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, se adelantó y manifestó que se está trabajando para poner en marcha un nuevo sistema de protección de testigos, querellantes y jueces.

Para las autoridades del colegio, las primeras señales de preocupación fueron las amenazas sufridas hace un año y medio por el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna, autor de la investigación conocida como la megacausa de Los Monos, que tiene a 38 personas procesadas. De éstas, 17 están próximas a ir a juicio, el grupo está mayormente integrado por policías provinciales y otros miembros de fuerzas de seguridad acusados de favorecer los negocios criminales de la banda.

Sin embargo, a este episodio se sumaron después otras situaciones de intimidación, dirigidas a magistrados, fiscales y testigos de causas de resonancia pública.

"Desde diciembre venimos constatando la preocupación de jueves, fiscales y de algún defensor también respecto de situaciones de amenazas que se dan cuanto intervienen en casos de mucho impacto o que involucran posibles organizaciones delictivas", señaló Ariza.

Y analizó que los llamados telefónicos o los mensajes intimidatorios "se han reiterado" casi en forma paralela al incremento de hechos delictivos, que ya no aparecen en forma aislada, sino que suponen la existencia de grupos con una estructura y una logística articulada. Dos condiciones necesarias para "detectar teléfonos de funcionarios judiciales o realizar este tipo de intimidaciones o intentos de amedrentar el curso de una investigación".

Para el juez Gustavo Salvador, vocal del colegio y juez de la causa del triple crimen de Villa Moreno, estos incidentes están íntimamente relacionados con el desarrollo de investigaciones judiciales que afectan las presuntas acciones o intereses de bandas delictivas.

"Son como intentos de manifestaciones de poder de algunas de estas organizaciones", sostuvo.

Nueva respuesta. Por eso, el planteo del Colegio de Magistrados es que estos incidentes merecen una nueva respuesta, diferente a la revisión de los protocolos de seguridad del Palacio de Tribunales o la asignación de custodias personales.

"Nuestro pedido tiene que ver con la creación de una estructura permanente, autónoma, a la que los magistrados puedan acudir solicitando esa garantía de seguridad", señaló el presidente del colegio.

Estos funcionarios actuarían a pedido de los actores de investigaciones o juicios que se estén desarrollando, "tanto del fuero penal como del civil y comercial, laboral o de familia, porque también estas situaciones se trasladan a estos juzgados", explicó.

El objetivo, en definitiva, es garantizar la seguridad tanto de los jueces como de los funcionarios judiciales o sus colaboradores en el ejercicio de su tarea.

"Eso es lo que nos interesa —destacó— que el desenvolvimiento de la tarea jurisdiccional se pueda ejercer sin este tipo de posibles obstrucciones".

Por la seguridad de todos

Frente al reclamo del Colegio de Magistrados, el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, adelantó que se está trabajando para definir un único sistema de protección para testigos querellantes y jueces. Esta nueva herramienta permitirá unificar los tres procedimientos diferentes que existen actualmente, con el objetivo de  garantizar la seguridad de las personas que intervienen en procesos judiciales.
  Lewis admitió que resulta “muy preocupante” la situación de amenazas a jueces , fiscales y colaboradores que intervienen en investigaciones penales complejas, de acuerdo a la realidad descripta por el colegio que reúne a los funcionarios judiciales. “Indudablemente se trata de un trabajo que exige una gran responsabilidad y muchas veces los actores están expuestos a este tipo de situaciones”, sostuvo en diálogo con Radio 2.
  El titular de la cartera de Justicia apuntó que se está trabajando para crear un sistema único de protección de personas. Actualmente, explicó, conviven tres formas de actuación: el sistema de protección en juicios por delitos de lesa humanidad, otro que tiene como destinatarios a testigos de causas graves y, finalmente, la posibilidad de que un juez exija a la policía que brinde protección a personas que se encuentren en peligro por haber colaborado con alguna investigación.
  El objetivo, sostuvo, es avanzar en un sistema único que abarque a testigos, querellantes y jueces que ampare a los distintos actores del proceso judicial.