La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto por el cual se modifica el Código Penal para establecer multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro o abandone sus tareas. La iniciativa apunta a evitar medidas de fuerza como las que policías de distintas provincias, entre ellas Santa Fe, llevaron a cabo a fines del año pasado.

El proyecto fue votado sobre tablas y sin debate previo por 194 votos a favor y 9 en contra, dado el acuerdo existente entre los diferentes bloques para apurar el tratamiento debido a la alta densidad de iniciativas a tratar en lo que resta de la sesión, que se prevé se extenderá hasta la madrugada del miércoles 17.

La iniciativa, diseñada por el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández –quien anunció que renunciará a su banca para asumir el jueves como secretario General de la Presidencia– reforma el Código Penal para evitar que los policías puedan concretar medidas de fuerza como hicieron a fines de 2013 cuando dejaron de cumplir su obligación de cuidar la seguridad de la población.

En ese sentido, determina que “será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.

A lo largo del proyecto se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que “abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado”.

Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Se prevén también penas de prisión de hasta 8 años para efectivos de seguridad que abandone sus tareas

En caso que por esas acciones hubieran daños a bienes de la fuerza o de terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas de seguridad o de otras personas “se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.