El juez federal Claudio Bonadío envió a juicio oral y público la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por la compra de un vehículo en 1993 con documentación irregular.

En un hecho inédito en la historia argentina, el magistrado firmó la elevación a juicio del caso contra el vicepresidente en funciones pocos minutos después  que la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad de la defensa del titular del Senado.

Por sorteo, fue designado a cargo del proceso el Tribunal Oral Federal Número 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer: actualmente, se lleva adelante allí el juicio por el Plan Cóndor, que avanza a ritmo lento, por lo que es poco probable que el proceso contra el vicepresidente comience en lo inmediato.

Bonadío, que se encuentra duramente enfrentado con la Casa Rosada, rechazó los pedidos de sobreseimiento del vicepresidente y de la ex titular del Registro de la Propiedad Automotor María Graciela Taboada de Piñeiro y, en consecuencia, declaró clausurada la instrucción.

“Cabe concluir, ante la falta de nuevos elementos introducidos en los pedidos de sobreseimientos, en la carencia absoluta de fundamentos que desvirtúen los ya analizados oportunamente por este Tribunal al dictar el procesamiento de los imputados. Ello así, ya que los motivos que esgrimen en esta ocasión no solo resultan errados sino que replican juicios ya expresados”, afirmó Bonadío en su fallo.

También van a juicio la expareja de Boudou Agustina Seguín; los gestores Andrés Alberto Soto y Rodolfo Basimiani, a quienes Boudou responsabilizó por las irregularidades en la documentación, y Taboada de Piñero, titular del Registro de la Propiedad Automotor donde tuvo lugar el trámite.

La causa ya quedó en poder del Tribunal Oral Federal 1: mientras Laufer es suplente, Amirante ya deslizó que pretende jubilarse cuando concluya el juicio por el Plan Cóndor, en tanto que Grunberg es integrante de la agrupación oficialista “Justicia Legítima”.

La Fiscalía que interviene es la de Stella Maris Scandura, cuyo cargo también es temporal, por lo que se espera la asunción de Miguel Ángel Palazzani como titular.

Minutos antes de la decisión de Bonadío, la Sala II de la Cámara Federal había desestimado un planteo de nulidad de los abogados de Boudou en contra del requerimiento de elevación a juicio hecho por el fiscal Guillermo Marijuan por el delito de falsificación de documento público.

La defensa de Boudou había denunciado que el pedido de Marijuan era “contradictorio” y sin argumento, pero los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani refutaron el planteo y convalidaron el pedido. Para el Tribunal, el fiscal “ha cumplido debidamente con las exigencias referidas exponiendo individual y concretamente el objeto, la imputación, la relación de los hechos, la calificación legal, la prueba, guardando en su desarrollo expositivo una lógica argumental”.

“A su vez, su postura tiene correlato con el objeto del sumario, toda vez que los hechos por los cuales requirió la habilitación de la instancia de debate son los mismos por los cuales Boudou fue indagado y luego procesado”, agregó el Tribunal.

Los jueces señalaron, además, que el planteo es una “disconformidad de la defensa con el sentido incriminante que se otorgó a la prueba a lo largo de todo el proceso”.

De acuerdo con el procesamiento dictado por Bonadío, al Vicepresidente se lo acusa por transferir a su nombre un vehículo Honda CRX, dominio B 2.243.822 “con una documentación falsa y falsificada”.

Boudou adquirió esa cupé roja en 1993 y le cambió el motor dos años después, lo que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia a su nombre, que finalmente se realizó con documentación falsa.

En los papeles presentados hay firmas apócrifas y se declara un supuesto domicilio del Vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa de su documento de identidad.

Boudou, mientras tanto, es investigado en múltiples causas y procesado además en el caso Ciccone por “cohecho y negociaciones incompatibles” con la función pública, al interesarse por la compra de la gráfica, y la Sala I de la Cámara Federal es la que debe resolver si confirma la acusación.

La Sala I no cuenta con plazos para resolver, pero de confirmar el procesamiento del Vicepresidente y demás imputados en esa causa, ése será otro expediente quedará habilitado para ser remitido a juicio oral.

Boudou a la par es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y también por presuntas dádivas, al haber hecho viajes en helicóptero y avión de manera gratuita en el marco de su campaña para las últimas elecciones presidenciales.