La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) entregó al juez federal Claudio Bonadío las declaraciones juradas de la presidente Cristina Fernández, de su antecesor y fallecido esposo, Néstor Kirchner; de sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez.

En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, renovó sus ataques contra Bonadío y lo acusó de tener "intencionalidad de carácter político. Respecto al juez Bonadío creo que se ha dicho mucho de este tema y queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político"habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Fuentes judiciales informaron que un funcionario de la Afip se presentó en el juzgado federal de Bonadío y dejó los documentos que el magistrado había mandado a buscar  mediante un procedimiento en el organismo recaudador.

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron enviados por Bonadío para presentarse a la Afip y recabar las declaraciones juradas, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado.

Desde la Afip, su titular, Ricardo Echegaray, aseguró que "toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados" y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró "que al juzgado le informamos todo".

La medida ordenada por Bonadío tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.

Aunque la denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

La semana pasada Bonadío allanó un departamento en Lavalle al 900, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur, pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.

Esta semana la presidente Cristina Kirchner reveló en su cuenta de Twitter que Bonadío tiene el 20 por ciento de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En la embestida a Bonadío, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes lo denunció por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En esa denuncia, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que Fuentes sea citado a ratificarla y a aportar más información en caso que la tenga. Luego el fiscal quedará en condiciones de resolver si abre la denuncia y comienza una investigación que tramitará junto con el juez federal Julián Ercolini.

Menú de denuncias. Además de Bonadío, el senador Fuentes también denunció al hermano del juez, Carlos, y a Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent, todos socios en la empresa Mansue SA, que no presentó los balances de 2012 y 2013. En el medio del cruce de denuncias, también fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito Margarita Stolbizer.

En este contexto de denuncias cruzadas y politizaciones de acciones judiciales, la diputada nacional Mara Brawer, del Frente para la Victoria, aseguró que "con las maniobras desesperadas de las últimas dos semanas, quedó más que claro que lo que le pasa a (Claudio) Bonadío, juez de la servilleta, es que tiene miedo de que se le termine la impunidad de la que ha venido gozando".

"En diferentes ocasiones, a lo largo de los años, (el juez federal) Bonadío ha demostrado un grave desprecio por las garantías constitucionales y ha manejado los tiempos judiciales a su antojo", sostuvo la diputada en un comunicado de prensa que fue difundido a los medios.

Avanza la causa contra el magistrado federal

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que el senador kirchnerista Marcelo Fuentes ratifique la denuncia que presentó contra el juez Claudio Bonadío por presunto enriquecimiento ilícito. Fuentes judiciales informaron que el fiscal, previo a decidir si impulsa la investigación en contra de Bonadío, pidió al juez federal Julián Ercolini que cite a ratificar la denuncia al senador oficialista.

La denuncia contra Bonadío es por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes, luego de que la presidente Cristina Kirchner acusara al magistrado de ser accionista de una empresa junto a un familiar directo, la cual no habría presentado balances en la Inspección General de Justicia (IGJ).

"No comments. Sin comentarios", fue la respuesta de Bonadío, en inglés y también en castellano, al ser abordado por periodistas en los tribunales de Comodoro Py, que lo consultaron sobre su situación en la causa en la que investiga los vínculos de la Presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, con el empresario Lázaro Báez. En ese sentido, el juez Bonadío en las últimas horas recibió las declaraciones juradas de la Presidenta, sus dos hijos y del empresario Báez hechas ante la AFIP.

Según la denuncia, Bonadío tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma "Mansue S.A", dedicada a la venta de combustible, cuando el Reglamento para la Justicia Nacional establece que "los magistrados están especialmente obligados a no ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia", esto es la Cámara Federal. La presentación en contra del juez fue luego que éste decidiera allanar la empresa Hotesur, de la cual es socia la presidenta Cristina Kirchner, ante presuntas irregularidades en la presentación de documentación ante la Inspección General de Justicia, y en el marco de una causa en la que se investigan actividades de lavado de dinero.

Por otra parte, en las próximas horas Bonadío recibirá otra denuncia vinculada con la trama, y en donde se acusa a la Presidente por presunto enriquecimiento ilícito, derivado de la explotación de los hoteles. Se trata de una denuncia que había hecho el abogado Santiago Dupuy de Lome y en la que juez Julián Ercolini se acaba de declarar incompetente: giró la misma a su par Bonadío por considerar que guarda relación con esa otra investigación que él tiene sobre Hotesur.

La incompetencia había sido pedida por el fiscal Taiano y ahora Bonadío deberá definir si la suma a la investigación que él viene llevando a cabo.