Cuando restan pocas sesiones para el cierre del período ordinario en el Concejo, la búsqueda de votos que faciliten la aprobación de la propuesta de aumento de la tasa general de inmuebles (TGI), con subas trimestrales que llegarían hasta el 78,5 por ciento de incremento promedio para 2015, no luce simple para el municipio. De hecho, en el propio socialismo hay diferencias: el presidente del cuerpo, Miguel Zamarini, admitió que "resulta lógico brindar el debate frente a la inflación que sacude a Rosario", pero condicionó su aval a la iniciativa oficial a la sanción de un proyecto vigente para eximir de ese tributo a más de 30 mil jubilados.

Días atrás, la secretaria de Hacienda municipal, Verónica Irízar, elevó a los ediles la propuesta de aumento de la TGI. Incluye subas trimestrales que llegarían hasta el 78,5 por ciento de incremento promedio para el año próximo y el reajuste de las cuotas mínimas del derecho de registro e inspección (Drei), en el marco del proyecto de presupuesto 2015, que será de 6.850 millones de pesos.

De inmediato, concejales opositores salieron a alertar que el aumento propuesto es excesivo y preanunciaron el tono de la negociación que arrancará mañana en comisión. Ahora, Zamarini reflotó una iniciativa presentada junto al justicialista Carlos Cossia que prevé la modificación del coeficiente para calcular a los jubilados que no son alcanzados por ese beneficio.

El proyecto propone que aquellas viviendas habitadas por un jubilado, o un matrimonio de jubilados, cuyo ingreso no supere los dos haberes mínimos, queden exentas del pago de la TGI.

La ordenanza vigente exime del pago del tributo a las viviendas que tienen hasta el equivalente de una jubilación y una pensión mínimas.

"Al margen de la necesidad de generar recursos para el municipio, algo que no dejamos de reconocer, es imperante darle tratamiento a un proyecto que lleva meses sin discusión y que apunta a beneficiar a una de las clases más postergadas y castigadas del país: la tercera edad", explicó a La Capital el titular del Concejo.

Respecto del debate en puerta, Zamarini enfatizó: "Estamos abiertos a buscar la mejor solución posible para dotar de recursos al Palacio de los Leones, pero creemos fundamental tomar en cuenta esas condiciones ya que, como expresamos permanentemente, los incrementos deben ser del menor impacto posible para el bolsillo de los rosarinos y, fundamentalmente, de aquellos con mayores complicaciones como los jubilados o habitantes de los barrios más periféricos de la ciudad".

En cuanto al debate de fondo, el legislador socialista consideró "importante que las actualizaciones se produzcan de acuerdo a la calidad de servicios de alumbrado, barrido y limpieza que recibe cada zona de la ciudad".

"No es lógico pensar en un aumento idéntico para las viviendas del centro, e incluso de las nuevas zonas residenciales, que para los barrios postergados de la ciudad, que muchas veces no reciben los servicios en tiempo y forma", cuestionó el socialista.

Según argumentó Irízar en su momento, la proyección de gastos de la gestión de Mónica Fein para 2015 pretende "profundizar la inclusión social con más intervenciones barriales, un plan de inversión en trabajos públicos de 903 millones pesos y crecimiento en la cantidad y calidad de los servicios públicos".

Zamarini, en tanto, reforzó su posición. "No se trata de una enorme solución pero sí de la chance real de mejorar la calidad de vida de un jubilado o un matrimonio de jubilados que, considerando los actuales valores de un ingreso mínimo, evidentemente no sólo tienen dificultades para pagar la TGI o cualquier tributo o impuesto sino que, decididamente, cuentan con grandes problemas para llegar con tranquilidad a fin de mes", precisó.

Por eso, el titular del cuerpo exigirá el inmediato tratamiento de esa iniciativa que, según calculó, apunta a más de 30 mil jubilados de distintos barrios de la ciudad.

"Es necesario hablar de valores o de posibles actualizaciones, pero resulta más importante contemplar la situación de los sectores vulnerables en los que siempre se debe pensar a la hora de tomar esas determinaciones", advirtió Zamarini.

Reunión para mejorar la seguridad vial

El ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Lewis, se reunió en Rosario con representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) a fin de analizar la marcha del programa lanzado en septiembre pasado para sancionar a personas imputadas o condenadas por delitos contra la seguridad vial.

Del encuentro, realizado el viernes pasado en la sede de Gobernación, participaron también el fiscal regional, Jorge Baclini, y demás autoridades de Justicia, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Municipalidad.

Las ONGs valoraron el programa como una respuesta estandarizada del Estado a situaciones que antes carecían de respuestas, sin perjuicio de lo cual plantearon ciertas objeciones con espíritu constructivo.

Además, propusieron ajustes al programa y se destacó la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta y profundizar las instancias de diálogo.

Todos coincidieron en asumir el compromiso de "generar las condiciones para que siempre, cuando haya un hecho de inseguridad vial, exista una respuesta del Estado".

Por su parte, los representantes de la sociedad civil hicieron varios señalamientos "que resultaron un aporte valioso y constructivo para evaluar la marcha de la iniciativa", destacaron voceros del ministerio.

Una de las objeciones analizadas tuvo que ver con la utilización del término "infractor", que puede generar confusión, por lo que se afirmó la necesidad de diferenciar claramente las meras infracciones de tránsito con los delitos contemplados en el Código Penal.