La Legislatura santafesina está estudiando un proyecto que tiene por objetivo regular la atención al público en cualquier entidad con la premisa de que ningún trámite pueda demorar más de treinta minutos.

La iniciativa es impulsada por el presidente de la cámara Baja, Luis Rubeo, y cuenta con el respaldo de la Asociación Bancaria de Rosario y Santa Fe y la Confederación General del Trabajo (CGT) de la capital santafesina.

"Este proyecto hace referencia a lo que nosotros denominamos prácticas abusivas en el marco de la atención al público, sufriendo usuarios y consumidores un trato indigno, al hacer colas interminables esperando ser atendidos en distintas dependencias santafesinas, sean estas públicas o privadas", explicó el legislador.

En tal sentido, consideró "necesario" adecuar los locales. "No puede ser que los vecinos reciban el trato que reciben en sitios que ni siquiera cuentan con las condiciones adecuadas para su atención, debe haber certeza respecto de la hora de ingreso, pero también de la de egreso, y el libro de quejas tendrá que estar a disposición y en un lugar visible", destacó.

El diputado provincial comentó que "existe un proyecto del senador (Lisandro) Enrico que ya tiene media sanción y que se superpuso con la iniciativa que aquí veníamos trabajando desde comienzos de 2014, por lo tanto, anexaremos esta propuesta a la que ya cuenta con media sanción y la enviaremos a la comisión de Asuntos Laborales para su análisis".

Rubeo advirtió que "se establecen penalidades claras comprendidas dentro de la ley de usuarios y consumidores de la Argentina, que van desde sanciones económicas hasta la suspensión de la habilitaciones de locales donde funcionen los organismos o empresas afectadas".

Con el aval de los gremios. Los referentes gremiales expresaron su acompañamiento a la iniciativa y coincidieron en la idea de que "este proyecto logra un avance sustantivo que iguala las condiciones para bancos, mutuales, financieras, empresas de telefonía y servicios públicos".

"Aquí debemos ser claros, esto no queda reducido a las entidades financieras sino que pretende ser mucho más abarcativo", destacaron.

En efecto, la norma que estudian los legisladores santafesinos alcanza a entidades bancarias, financieras, mutuales de ayuda económica, empresas prestadoras de servicios públicos, compañías de telefonía móvil, medicina prepaga y servicios de televisión por cable y/o internet, entre otros.