El gobierno provincial puso bajo la lupa y avanza en investigaciones sobre profesionales (abogados, contadores, escribanos, corredores inmobiliarios y gestores) cuyos nombres se repiten y aparecen vinculados al entramado de organizaciones criminales, no sólo relacionadas con el narcotráfico, y que van más allá de los honorarios que cobran por sus servicios.

Así lo reconocieron  el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, y la de Delitos Económicos, Margarita Zabalza.

Las acciones apuntalan las declaraciones realizadas por el gobernador Antonio Bonfatti un día antes, cuando dijo que "hay abogados que son parte del delito". Y llegan como respuesta a lo señalado por el Colegio de Abogados, cuya presidenta, Araceli Díaz, instó: "Si se sabe algo, hay que hacer la denuncia".

Los funcionarios se sorprendieron con las declaraciones de Díaz, dado que recordaron que tanto la Administración Provincial de Impuestos (API) como la Subsecretaría de Delitos Económicos conformaron sendas mesas de trabajo con las organizaciones profesionales para trabajar, entre otros aspectos, en la prevención del lavado de dinero y en "la responsabilidad social del profesional".

Es este sentido, los distintos colegios profesionales de la provincia ya fueron convocados para la reunión que sostendrán con representantes de la región latinoamericana de Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que vendrá el 26 y 27 de este mes a Rosario para analizar la situación local.

"Los indicios y parámetros que fueron detectados como sospechosos se están profundizando en su análisis para delimitar el nivel de implicancia de estudios jurídicos y contables en algunas organizaciones criminales", aseguró Beccari, quien sin dar nombres propios debido al secreto fiscal, admitió que algunos profesionales aparecen como propietarios o participan de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que "van más allá del origen de los honorarios profesionales".

De todos modos, el subsecretario de Ingresos Públicos recordó que los abogados y contadores deben dar cuenta de cómo lograron conformar su patrimonio, si eso le es solicitado por los organismos competentes.

También sorprende la "muy baja" registración de contadores en la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que están obligados a inscribirse, al igual que los escribanos, ya que están sujetos a la ley de lavado de dinero, evaluó Zabalza.

A esto, la funcionaria agregó las vinculaciones de otros actores clave necesarios para el lavado, como escribanos que se repiten en operaciones de organizaciones narcocriminales, situación que quedó expuesta en varios casos resonantes relacionados no sólo con la narcocriminalidad.

También aparecen bajo el foco otros engranajes, como los gestores automotores. Vale recordar que en nueve meses hubo varios crímenes, desde Luis Medina, el 29 de diciembre de 2013, hasta Germán Gonzalo Tobo, el 3 de septiembre pasado, que estaban relacionados, de algún modo, con la comercialización de vehículos.

Otros incentivos. Las investigaciones se están acelerando, no sólo por la creciente preocupación social que genera el negocio narcocriminal, sino también por la guerra fiscal desatada entre las provincias en el último año en pos de mejorar ingresos en una época en que la inflación no alcanza para licuar el ritmo de los gastos.

Así es que salieron a la luz las maniobras de sociedades en el negocio agrícola-ganadero que estaban domiciliadas en una casilla de correo, los 300 vehículos inscriptos en Corrientes y que corresponden a propietarios radicados en Villa Ocampo o los 200 rosarinos a los que se les detectó, por el cruce de datos fiscales con empresas estatales como las de aguas y EPE, que en realidad debían estar inscriptos como grandes contribuyentes.