El comisario Diego Alvarez, a cargo de la seccional 7ª de policía, fue licenciado por el Ministerio de Seguridad de la provincia mientras se aclaran una serie de hechos que se dieron en su jurisdicción en los últimos días y que ponen bajo sospecha su desempeño. En ese marco, se conoció extraoficialmente que el juez federal Marcelo Bailaque rechazó hacerce cargo de la causa que investiga la muerte del joven Franco Casco, que estuvo preso en esa seccional, y que el Defensor General provincial había solicitado que se investigue como un caso de “desaparición forzada de persona”.

   El caso que más repercusión tuvo y que puso en jaque el accionar de la seccional de Cafferata al 300 fue la desaparición y muerte de Franco Ezequiel Casco, el chico de 20 años oriundo de Florencio Varela que visitaba a sus familiares en Rosario y que resultó detenido en esa comisaría en circunstancias poco claras y bajo la acusación de desacato. Tras ello hubo un sinnúmero de irregularidades que llevaron a la familia del joven, a varias organizaciones sociales y al propio Ganón a pedir justicia en una multitudinaria marcha.

   Franco fue apresado el 7 de octubre y nunca más se lo volvió a ver. Recién el jueves 30 de ese mes personal de Prefectura Naval descubrió su cadáver flotando en aguas del río Paraná, cerca del Monumento a la Bandera. La mamá del muchacho, que llegó a Rosario en busca de su hijo, dijo que antes de reconocerlo en el Instituto Médico Legal el fiscal le mostró fotos donde se lo veía fuertemente golpeado y acusó directamente a los policías como los autores de su muerte.

   Ganón apoyó la postura de la mujer y pidió que la causa pase a la Justicia federal para ser investigada como una “desaparición forzada de persona” ya que la última vez que se vio con vida a Franco fue en la seccional. Sin embargo se supo que el juez Marcelo Bailaque rechazó tal petición.

Interesado. A la polémica por el caso Casco ayer se sumó el gobernador Antonio Bonfatti. En una entrevista en Canal 5, el primer mandatario santafesino explicó que “en este caso soy el primero que quiere que se resuelva ya. Pero hay pericias, hay forenses, interviene un fiscal y esperamos que se resuelva. Pasó una semana”, dijo. Y señaló que las pintadas en las que se acusa a la policía por la muerte de Franco, “fueron realizadas por grupos de militantes oportunistas, identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos ya están condenando”.

   El último de los episodios que movilizó a la seccional ocurrió la noche del jueves cuando los 40 presos alojados en el penal de la comisaría se amotinaron y quemaron varios colchones ante la promesa incumplida de traslados a otros presidios. Todo se desencadenó cerca de las 20 y los Bomberos Zapadores apagaron las llamas provocadas por los internos, entre quienes no hubo lesionados.

   Poco antes de medianoche cinco presos fueron derivados a la cárcel de Piñero y otro a la Unidad 3 de Ricchieri y Zeballos.

   A eso, la tarde del martes se sumó el allanamiento que efectivos de Gendarmería Nacional realizó en un pasillo que se erige frente a la dependencia policial y donde funcionaba un privado del cual se llevaron demoradas a tres mujeres, una de ellas con un bebé de cinco meses.