La Justicia de Rosario imputó por supuesta omisión de sus funciones a la ex jueza María Luisa Pérez Vara, quien debió investigar la muerte de Luis Roberto Medina, un presunto narcotraficante asesinado en diciembre de 2013 junto a su pareja.

Pérez Vara se presentó  en los Tribunales provinciales para ser indagada en el Juzgado Correccional número 9, donde negó los hechos que se le imputan y luego se abstuvo de declarar.

La magistrada estaba de turno el último 29 de diciembre, cuando fue requerida para iniciar las actuaciones por el homicidio de Medina, un empresario a quien se lo vinculó con el tráfico de drogas, y su novia, Justina Castelli Pérez, de 23 años, quien había trabajado como modelo con el nombre Justine Fuster.

La pareja fue acribillada a balazos cuando circulaba en un automóvil por la zona sudeste de Rosario. El día del doble crimen, Pérez Vara no contestó los llamados a su teléfono celular para tomar conocimiento del hecho y comenzar la investigación, tras lo cual alegó que tenía problemas de salud.

Un peritaje posterior, sin embargo, habría determinado que uno de los teléfonos celulares que poseía estuvo conectado a una antena que cubre el balneario bonaerense de Cariló. Tras estas irregularidades, la jueza decidió desvincularse de la causa a fin de año y comenzar a tramitar su jubilación, dejando definitivamente su cargo a fines de febrero pasado.

Durante su ausencia, el expediente quedó en manos de la jueza Raquel Cosgaya y actualmente está a cargo de Alejandra Rodenas, quien también investiga el atentado cometido en octubre pasado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

En los meses posteriores al crimen de Medina y Castelli Pérez, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inició una investigación administrativa sobre la labor de Pérez Vara, quien realizó su descargo ante el máximo tribunal y luego fue multada.

Durante la ausencia de la magistrada, se produjeron otras irregularidades en torno del asesinato de Medina que repercutieron políticamente en la provincia. La más grave involucró a dos funcionarios del gobierno provincial que fueron acusados de manipular la computadora personal de la víctima, luego de que la policía requisara la habitación del hotel donde se encontraba alojada.

Legisladores de la oposición sostuvieron que los funcionarios Javier Echaniz y Martín Degrati supuestamente habían podido acceder a los datos de la notebook y copiar información del equipo, a pesar de que la jueza Cosgaya negó haberlos autorizado a colaborar con las primeras actuaciones.

Posteriormente, el equipo portátil de Medina fue entregado a Gendarmería Nacional por orden de la jueza Rodenas para determinar si había sido manipulado de alguna forma.

Los resultados descartaron esa posibilidad y el fiscal Carlos Covani se expresó en el mismo sentido, desvinculando así a los funcionarios del Estado santafesino.

Fuente: DyN