El juez federal Ariel Lijo rechazó nueve planteos de nulidad que habían presentado las defensas del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y del empresario Nicolás Ciccone en la causa en la que están procesados por supuestas coimas para el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

Los defensores de Boudou, Diego Pirota y Eduardo Durañona, y de Ciccone, Maximiliano Rusconi, habían objetado varias decisiones de Lijo, tales como las citaciones a indagatorias y, por ejemplo, la prohibición a formular una pregunta a una testigo.

Ciccone objeta que el juez Lijo haya utilizado sus dichos como testigo para luego citarlo a declarar como acusado, dado que primero había dicho que se reunió con Boudou y su amigo y socio José Núñez Carmona para negociar el levantamiento de la quiebra de Ciccone y la venta de la mayoría de sus acciones a The Old Fund.

Por su parte, la defensa de Boudou pidió la nulidad de su citación a indagatoria y la declaración como testigo de Graciela Ciccone.

Sin embargo, el magistrado las rechazó a todas -dos nulidades de Boudou y siete de Ciccone- y ahora las defensas podrán llevarlas a la Sala I de la Cámara Federal. Ese tribunal tiene que resolver si confirma los procesamientos de los siete acusados de la causa.

Este martes Boudou le pidió a la Cámara su sobreseimiento por los delitos de ‘cohecho pasivo y negociaciones incompatibles‘, lo mismo que hicieron el resto de las defensas.

El 23 de octubre es la última audiencia que tiene la Cámara con las defensas y luego los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero quedarán en condiciones de resolver, lo que se prevé que ocurra antes de fin de año.

En tanto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió el sumario disciplinario en el que se investiga por qué y cómo desaparecieron de la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de la causa Ciccone. La IGJ tenía en su poder los expedientes de las sociedades que participaron del levantamiento de la quiebra de Ciccone pero los legajos desaparecieron cuando se inició la causa penal.

El Ministerio de Justicia -de quien depende la IGJ- inició un sumario para deslinar responsabilidades y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) pidió intervenir para investigar los hechos, pero la cartera que dirige Julio Alak lo rechazó. Ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la continuidad del sumario hasta tanto se resuelva si la FIA puede intervenir en la causa.

Los camaristas María Caputi, José Luis López Castiñeira y Luis Márquez señalaron que ‘el avance del procedimiento e incluso su finalización en tales condiciones, es susceptible de generar situaciones de preclusión de actuaciones, agotamiento de etapas y prescindencia de elementos probatorios que podrían ser aportados por la Fiscalía, con el consiguiente perjuicio insusceptible de reparación ulterior‘.