Se supo en las últimas horas que el próximo 11 de noviembre será la fecha de inicio para el primer juicio oral y público contra el ex jefe de la policía santafesina, el comisario Hugo Damián Tognoli, acusado por presuntas coacciones y encubrimiento a narcos de Santa Fe. Junto al ex titular de la fuerza provincial se sentarán en el banquillo de los acusados el oficial Mauricio Otaduy y el supuesto narcotraficante Daniel Mendoza.

Sin embargo Carlos Edwards, abogado de Tognoli, dijo que es imposible iniciar el juicio cuando aún resta resolver un recurso de apelación al procesamiento que está en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.

La causa, llevada adelante por el juez Francisco Miño, se originó en la denuncia que hizo la titular de la Asociación Madres Solidarias de la capital provincial, Norma Castaño, quien señaló a Tognoli por complicidad con los narcos que operaban en Santa Fe y a quien acusó de armar un video para vincularla con esos mismos narcos a fin de extorsionarla para que retire las denuncias presentadas en su contra.

Miño aceptó los argumentos del fiscal federal Walter Rodríguez y consideró probado que Tognoli "ayudó a eludir" las investigaciones judiciales por "comercialización de estupefacientes, de lo cual tenía conocimiento, y con ánimo de lucro".

El juez elogió el trabajo del fiscal y citó las pruebas consideradas en el requerimiento de elevación a juicio. Así, manifestó que "para llegar a las conclusiones a las que arribó (Rodríguez) no ha merituado solamente el testimonio prestado por Norma Castaño, sino un cúmulo de pruebas que le ha permitido establecer la responsabilidad penal de (el supuesto narco apresado en Colastiné) Daniel Mendoza en los hechos investigados y el pase de la causa para su juzgamiento".

Al pedir la elevación a juicio de la causa, Rodríguez dijo que ante "un concreto requerimiento de informe formulado a la estructura policial especializada en delitos vinculados al narcotráfico, el entonces Director General Hugo Damián Tognoli informó sobre casos de menor cuantía (simple tenencia de estupefacientes para consumo personal) y omitió comunicar investigaciones por infracción a la ley 23.737 seguidas contra Daniel El tuerto Mendoza".

Según el fiscal, "el efectivo conocimiento que Tognoli tenía de la existencia de investigaciones seguidas contra Mendoza se encuentra corroborado por mensajes de texto intimidatorios que este último envió a Norma Castaño". Y consideró que "esas amenazas han tenido la entidad suficiente que requiere el tipo penal de las coacciones para que su destinatario haga algo en contra de su voluntad (que retire las denuncias que había formulado respecto del encausado Tognoli)".

No obstante, el abogado Carlos Edwards dijo que es imposible dar inicio al juicio oral y público "porque primero Casación debe resolver la queja presentada, lo que hace que el procesamiento aún no esté firme. Y, de confirmarlo, se ha pedido la acumulación con la causa que mi cliente tiene en los Tribunales Federales de Rosario por un delito más grave".