El senador radical y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla pidió formalmente la suspensión y el juicio político del juez federal Norberto Oyarbide por la causal de "mal desempeño y presunta comisión de delitos" derivada de la posesión de un lujoso anillo cuya propiedad se le atribuye.

Cimadevilla presentó ante el propio Consejo un dictamen de 23 páginas en el que afirmó que "el comportamiento desplegado por el juez Norberto Mario Oyarbide ha causado escándalo y, por ello, se halla claramente encuadrado en la causal de «mal desempeño»".

La causa contra Oyarbide por su costoso anillo se inició por las denuncias formuladas por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, los abogados José Emilio Rodríguez Menéndez y Martín Roberto Bagalá y la diputada nacional Patricia Bullrich.

"El importe supuestamente abonado por la joya no condice con los recursos con los que, razonablemente, puede contar un juez de la Nación", coincidían las denuncias.

Tras analizar las pruebas reunidas en la investigación, una de las tantas que acumula Oyarbide en el Concejo de la Magistratura (ver aparte), el senador opositor consideró que la situación en torno del anillo "se presenta como violatorio de concretos deberes que le estaban y le están impuestos".

"El juez no es un ciudadano común. La comunidad en general espera de los jueces más que cualquier otro ciudadano. Así lo exigen en los reglamentos y Oyarbide está muy lejos con su pauta de conducta de comportarse", señaló Cimadevilla, quien recordó que el magistrado ya tiene 84 denuncias en su contra.

Luego agregó: "Nadie ignora que el doctor Oyarbide es, como otros magistrados de la Justicia federal del país, un hombre cercano al poder político, sólo que —a diferencia de cuanto ocurre con sus otros colegas— Oyarbide no cultiva la discreción".

Exhibición y denuncia.Oyarbide fue denunciado porque públicamente —según publicó el diario La Nación— exhibía un anillo de diamantes que decía valer 250 mil dólares, por lo que se le inició una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.

Pero, ante el Consejo, aclaró que el costo era de 7.500 dólares y que lo tenía en consignación por una joyería de Punta del Este.

Cimadevilla deslizó en el dictamen que Oyarbide "habría entregado al tribunal federal a cargo de la investigación un anillo distinto al requerido (en la medida en que el peritado difiere del exhibido por el magistrado y fotografiado) o, en el mejor de los casos, habría sustituido la piedra del anillo".

"El tema central de estas actuaciones es dilucidar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria y/o política (mal desempeño) de parte de Oyarbide a partir del alboroto generado por la voluntaria y exclusiva decisión del magistrado de fotografiarse exhibiendo una joya cuyo valor, según habría manifestado, alcanzaría el cuarto de millón de dólares", sostiene el dictamen.

La propuesta de Cimadevilla deberá ser tratada por la comisión de Disciplina y Acusación y, en caso de aprobarse, ratificada por el plenario del Consejo.

Para enviar a juicio político de un juez se requieren los votos de nueve de los 13 miembros, que hoy no estarían para el caso de Oyarbide por la división en partes casi iguales entre el oficialismo y la oposición del Consejo.

"Para que se lo pudiera citar a Oyarbide a una indagatoria acompañaron todos (los consejeros) , así que vamos a ver ahora que está el dictamen qué van a hacer", precisó Cimadevilla, al referirse a los demás integrantes del Concejo de la Magistratura, con mayoría de representantes oficialistas.