El diputado provincial Joaquín Blanco volvió a presentar un proyecto de ley tendiente a cortar el servicio telefónico a quienes llamen en broma al 911. Una iniciativa similar, también del legislador socialista, se aprobó hace un par de años pero nunca llegó a tratarse en el Senado y el tema perdió estado parlamentario. Mientras tanto, desde el gobierno advierten que es indispensable contar con una herramienta legal que permita sancionar a los irresponsables.

De acuerdo al texto en análisis, se prevé modificar los artículos 25 y 59 de la Ley Nº 10.703 Código de Faltas de la provincia de Santa Fe. El primero de esos puntos establece la “suspensión del servicio telefónico” si la infracción fuere cometida mediante el uso de telefonía, fija o móvil; será un juez el que tendrá que disponerlo, con comunicación a la empresa prestataria del servicio telefónico.

La otra modificación hace referencia al empleo malicioso de llamadas. En ese sentido, “el que –a sabiendas– hiciere uso indebido de toques, señales u otros medios reservados por la autoridad para los llamados de alarma, régimen interno de sus dependencias, vigilancia y custodia que aquella deba ejercer, será reprimido con multa no inferior a cinco jus y no superior a 50 jus y arresto de hasta 30 días”. En caso de reincidencia, y más allá de las penas, el juez podrá ordenar la suspensión del servicio telefónico hasta por dos años.

El jus es una unidad de medida que utiliza la Justicia para imponer sanciones pecuniarias, y hoy está en alrededor de 400 pesos cada uno. O sea, las multas (que evidentemente se incrementarán en el tiempo por la movilidad del valor del jus) en la actualidad oscilarían entre los 2.000 y los 20.000 pesos. “Mientras los vecinos intentan comunicarse al 911 para denunciar un ilícito, hay cientos de ciudadanos que cada día ocupan esa línea para hacer bromas”, se quejó Blanco.

“La pena se aplicará al titular de la línea telefónica que provocare o intentare provocar, sin causa fundada, la concurrencia de la policía, del cuerpo de bomberos, defensa civil, servicios de emergencia o de cualquier otro servicio análogo a sitios donde no sea menester”, propone el diputado. Asimismo, en la ley sería “obligación del titular del servicio de emergencia comunicar al juez competente la comisión de la presente infracción”.

En esos casos, el magistrado actuante “ordenará la suspensión del servicio telefónico por un término de hasta 30 días”, cuando la llamada provenga de una línea móvil o una fija y su titular sea una persona física. Por el contrario, “cuando la llamada provenga de una línea fija y su titular sea una entidad, institución o empresa, pública o privada, el juez resolverá respecto de la suspensión del servicio siguiendo las reglas de la sana crítica y de acuerdo al bienestar general”.

“También –dice el proyecto– se faculta al juez actuante a ordenar a la empresa prestataria del servicio telefónico, cuando se efectivice su suspensión, a transmitir con voz mecánica un mensaje que se activará con el discado del número telefónico respectivo y que dirá: «La empresa informa que momentáneamente esta línea se encuentra suspendida en cumplimiento de la sanción prevista en los artículos 25 y 59 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe”.

El director provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias, Diego Rullo, dijo a Diario UNO que “es indispensable” contar con una herramienta legal que permita poner límites a los “bromistas”. Al respecto, se mostró a favor del proyecto del diputado Joaquín Blanco e indicó que desde el Ministerio de Seguridad –cartera a la cual pertenece– van a ayudar a impulsar la modificación al Código de Faltas de Santa Fe.

Responsabilidad ciudadana

El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, a través de la Secretaría de Tecnología para la Gestión, aportó algunos elementos estadísticos. Entre ellos, que la mayor cantidad de llamadas falsas al 911 provienen de teléfonos celulares a los que se les saca el chip. “Es imprescindible contrarrestar los malos usos del servicio por lo cual la tipificación de este tipo de conductas en el Código de Faltas se presenta como una necesidad indiscutida”, manifestó Blanco.

“Si bien en esta primera etapa el 911 centraliza solo los llamados de emergencias a la policía en las ciudades de Rosario y Santa Fe, se prevé que para fin del año en curso, el servicio se haga extensivo a toda la provincia y al resto de las emergencias, tales como Bomberos o Defensa Civil”, añadió el legislador del Frente Progresista. A su vez, recalcó que las llamadas sin causas fundadas, jocosas, amenazantes o injuriosas “atentan contra la eficacia del servicio brindado”.

“La saturación de llamadas –continuó– que no implican una urgencia y, en algunos casos, generan la disposición de recursos, provocan un gasto injustificado e impiden la atención de necesidades reales de auxilio hacia la población. Sin embargo, lo que muchos generadores de falsas alarmas ignoran es que, desde su implementación, este nuevo sistema permite identificar al denunciante, ya sea que la llamada provenga del servicio de telefonía fija como móvil”.

“Así, al establecerse en el presente proyecto de ley la obligación de las autoridades titulares del servicio de emergencia de notificar dichas infracciones al juez competente, se propende a un doble control: por un lado, la sanción hacia los infractores, y por otro, la obligación impuesta al funcionario público de notificar dichas infracciones”, añadió el legislador, quien está convencido que las sanciones ayudarán a “provocar un verdadero cambio en la conducta de los infractores”.

“En función de lo expuesto y, con la finalidad de que las centrales de emergencias brinden a la ciudadanía el servicio para el cual se las creó, sin llamadas falsas y sin colapsos, es que voy a solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley lo antes posible”, finalizó el legislador del Frente Progresista, quien descuenta el apoyo de la Cámara baja tal como consiguió en su momento.

En tanto, desde el Ministerio de Gobierno indicaron que “los recursos del Centro de Atención del Sistema de Atención de Emergencias 911 en el horario pico están a funcionamiento pleno”, y “atender una llamada que representa una broma puede significar no atender a tiempo una llamada que representa una emergencia, pudiendo existir en tal caso riesgo de vida para personas. Por este motivo, estimamos conveniente tomar, en forma conjunta con la Justicia Penal, alguna medida ejemplificadora que desanime la intención de hacer bromas”, dijeron.