Cinco de los seis policías de la comisaría 19ª acusados de delitos graves como encubrimiento, robo, secuestro extorsivo, procedimientos ilegales, incumplimientos de los deberes de funcionarios público, todo concatendado bajo una asociación ilícita cuya jefatura se le asigna al titular de la repartición, quedaron en prisión preventiva por 60 días, hasta que se sustancie el juicio, de acuerdo a la ponderación del juez penal Carlos Leiva, que presidió esa instancia de la causa.

Después de ser acusados formalmente el martes, el personal policial de la seccional de bulevar Seguí 5365 volvió a Tribunales, esta vez para resolver la condición en la que aguardarán el juicio.

El fiscal de la unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Adrián Mac Cormack, solicitó la prisión preventiva sin plazos para todos, ya que "presume peligro de fuga por el conocimiento que los acusados tienen del sistema", y para "garantizar la tranquilidad de los testigos", que supone "amenazada".

Los imputados son el comisario supervisor Guillermo Javier R. D., el subinspector Víctor Luis D., el oficial José Antonio G., los suboficiales Eduardo Gastón C., Sebastián F. y Lucrecia Malvina B., quien cursa un embarazo de siete meses y ya le otorgaron el arresto domiciliario por su avanzado estado de gravidez.

El fiscal recordó la saga de supuestas irregularidades que cometieron los funcionarios en distintos procedimientos entre el 12 de marzo de este año y el 12 de agosto último. Enumeró la cobertura de una balacera en bulevar Seguí y Espinillo el 16 de marzo de 2014 que derivó en allanamientos y detenciones que no habrían sido notificadas debidamente a los fiscales, y en la que se omitieron datos aportados por testigos directos.

Pidieron coimas.Como consecuencia de ese incidente, según denuncias de los vecinos y de las víctimas, se desprende el pedido de coimas para liberar a uno de los sospechosos del hecho, detenido en Saavedra al 3200, y liberado 12 horas después de que su padre —quien denunció y relató la extorsión— entregara 28 mil pesos en la comisaría.

También se los acusa de realizar una inspección irregular en un supermercado del barrio el 31 de marzo, cuando los efectivos fueron en un móvil a hacer un allanamiento sin orden a Campbell y Maradona.

Con el argumento de que vendía fármacos sin autorización, amenazaron al comerciante con iniciarle una causa si no pagaba 25 mil pesos, cifra que se duplicó cuando el damnificado fue a la comisaría a pedir explicaciones. Como no accedió, se ordenó trasladar bebidas, comestibles y artículos de limpieza hasta la seccional, lo que hicieron en el patrullero. Entonces intervino el hijo del comerciante, a quien tras aportar 12 mil pesos le restituyeron parte de la mercadería.

Todos, con distintos grados de participación, fueron imputados de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, secuestro extorsivo agravado, encubrimiento agravado, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión en grado de tentativa y asociación ilícita.

Cumplir con el deber. Al contestar los agravios, el abogado defensor del comisario Guillermo Javier R.D y del suboficial Sebastián F., Gabriel Navas, expuso: "A cualquier funcionario que comete un delito se le debe caer con el peso de la ley, pero hay que tener cuidado. Sabemos que los imputados buscan echarle la culpa a la policía para favorecer su situación procesal".

Agregó que sus clientes "cumplieron con su deber, y advirtió que la causa "tiene condimentos políticos. Cuando la política entra en el Tribunal, la Justicia sale por la ventana", apuntó el letrado."Vamos a ver qué pasa en 15 días con la seccional 19ª", advirtió sobre el vaciamiento de personal de la dependencia.

Recalcó que los delitos que le achacan a sus pupilos "no están probados, tampoco el pedido de plata", y que la imputación de asociación ilícita es "exagerada". Que sus clientes no tiene antecedentes y cuentan con fojas de servicio sin sanciones.

Luego rechazó la prisión preventiva solicitada por el fiscal y pidió que se le conceda a los acusados la libertad bajo fianza personal, y que en el caso de que el juez hiciera lugar a la prisión preventiva, no se extienda más allá de los 30 días.

Después de un debate que se extendió durante 6 horas, el juez Leiva ponderó las circunstancias del caso y resolvió dictar la prisión preventiva por 60 a días a todos los sospechados.

El magistrado tuvo en cuenta el plantéo de las respectivas defensas de los imputados, las que antepuso a los argumentos imputativosdel fiscal Adrián Mac Cormak, a quien no le aceptó aún el delito de asociación ilícita en este legajo.