Seis policías, entre ellos un comisario inspector, fueron detenidos este sábado y acusados de robo, extorsión, falsificación de documentos y el "armado de causas". Todos los uniformados se desempeñaban en la seccional 19ª de la zona oeste de la ciudad y quedaron acusados tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, la Dirección de Asuntos Internos y la misma Unidad Regional II.

Los implicados en la figura de asociación ilícita son el comisario supervisor Guillermo Javier R. D., el subinspector Víctor Luis D., el oficial José "Pepe" Antonio G., el suboficial Eduardo Gastón C., el suboficial Sebastián F. y la suboficial Lucrecia Malvina B., quien cursa un embarazo de siete meses. Todos ellos fueron imputados de los delitos de "allanamiento ilegal, robo agravado, secuestro extorsivo agravado, encubrimiento agravado, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes del funcionario público, extorsión en grado de tentativa y asociación ilícita". En el caso de Pepe G., además, se le imputó"amenazas coactivas por el uso de armas".

Los laberintos de la investigación comenzaron a aclararse en marzo pasado. A mediados de ese mes una serie de vecinos, varios de condición muy humilde, se acercaron a la Fiscalía y a la Dirección de Asuntos Internos de la policía para poner sobre la mesa sus reclamos. Así se fue armando un mapa del accionar policial en la seccional de bulevar Seguí al 5400. Las denuncias iban desde un pedido de coima para evitar el armado de una causa por parte de los policías infieles, hasta el secuestro de mercadería de un almacén para luego pedir dinero al comerciante para reintegrársela.

El fiscal Adrián Mac Cormack, a cargo del expediente, expresó que "a un comerciante muy humilde le pidieron 5.000 pesos por una mercadería que le habían sustraído, a otra persona le pidieron 12 mil por el rescate de otra mercadería y a otro vecino le pidieron 30 mil pesos para no armarle una causa penal".

A estos damnificados se sumaron las denuncias de Birina Concepción M., quien aseguró que personal de la comisaría 19ª le había exigido la suma de 13 mil pesos a cambio de no detener a su hijo. Otro hombre, identificado como Silvio L. A., dijo que le pidieron "mucha plata" para no armarle una causa y que cómo no accedió, un tal Pepe G. lo amenazó de muerte con un arma de fuego.

Una detención ilegal.A partir de allí, desde la Fiscalía comenzaron a revisar las actas sumariales de diversos detenidos, se trabajó sobre los archivos y las denuncias previas y hasta se hizo un análisis de los legajos policiales. "Se investigó también el tema de un arma de fuego y el caso de dos personas que habían cometido un delito en la jurisdicción y se comenzó con un trabajo de inteligencia. Pero en ningún momento se usó la herramienta de intercepción de llamadas ya que eso no sumaba a la causa", aclaró el fiscal Mac Cormack.

El trabajo de la Fiscalía se concentró en un hecho acontecido en la zona de El Espinillo y avenida Ovidio Lagos en el que presuntamente los policías ahora detenidos habrían abordado a un hombre que participó en una balacera y se lo llevaron detenido de manera ilegal para luego pedirle un rescate para liberarlo y no armarle una causa.

Por su parte, el jefe de policía de Rosario, José Luis Amaya, sostuvo que "se trabajó de manera conjunta entre la Fiscalía, Asuntos Internos y las fuerzas de la policía rosarina para terminar así con este pésimo accionar de los empleados policiales". Pero una causa ajena a estos hechos casi hunde la investigación: la dudosa fuga de un preso la tarde del 5 de agosto pasado.

Ese día el responsable de la comisaría, que ahora está detenido, dijo que un interno se fugó de la seccional tras lesionar a un suboficial que lo custodiaba. En su versión el jefe policial argumentó que Gerardo Alberto O., de 22 años, quien estaba alojado en la seccional desde junio por un robo, escapó tras agredir al suboficial F. en el mismo instante en que ingresaban los defensores públicos del detenido. Y que el muchacho se perdió entre la multitud que estaba comprando en la feria de bulevar Seguí al 5400, un terreno vecino a la seccional.

En esa circunstancia, y para aclarar la fuga, actuó la fiscalía de Flagrancia, la División Judiciales y Asuntos Internos. Con el correr de los días trascendió que en esa oportunidad se había tomado la decisión de pasar a disponibilidad al comisario y a algunos oficiales y suboficiales que se desempeñaban allí, pero para no interrumpir la investigación en curso sobre al menos uno de ellos se los destinó a otras seccionales. "Si los pasaban a disponibilidad iba a ser muy difícil llegar a buen puerto con lo iniciado en marzo", acotó una fuente ligada a la investigación.

De momento, los cinco policías varones están alojados en la alcaidía de Jefatura y la mujer se encuentra internada en un sanatorio céntrico bajo el régimen de custodia. Todos fueron pasados a disponibilidad.