El juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó  una solicitud para declarar en “desacato” a la Argentina, aunque consideró “ilegal” cambiar la jurisdicción de pago para bonos que entraron a los canjes 2005 y 2010, como lo impulsa el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso.

 

El magistrado encabezó una audiencia de una hora veinte minutos con abogados de la Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen &  Hamilton, y representantes de los fondos buitre.

 

El encuentro comenzó con el pedido de los fondos para que la Argentina sea declarada en “desacato” y además se le fije una  sanción monetaria y otra no monetaria por haber incumplido las órdenes del juez.

 

Sobre el final, y contra los pronósticos, el magistrado argumentó que sería “prematuro” dictar el desacato, pero dejó en  claro la “ilegalidad” del proyecto oficial para reabrir el canje y cambiar la jurisdicción de pago.

 

“Es ilegal y no puede llevarse a cabo”, remarcó Griesa sobre la iniciativa oficial anunciada el martes por la noche, en un mensaje transmitido en cadena nacional por la presidenta Cristina Kirchner, que ya generó rechazos de distintos sectores de la oposición y podría tratarse la semana próxima en el Congreso.

 

Con esa propuesta, el Gobierno intenta evitar un nuevo bloqueo de pagos por parte de Griesa, como ocurrió con los 539 millones de dólares que aún continúan depositados en el Banco de Nueva York por orden del juez.

 

En la audiencia, el magistrado se mostró sorprendido porque los abogados de la Argentina dijeron “desconocer” la iniciativa que el Gobierno envió al Congreso, trascendió aquí de fuentes presentes en la audiencia.

 

Para dejar más clara su postura, el magistrado advirtió que  cualquier entidad que asista a la Argentina para evitar cumplir la orden de su corte “incurrirá en una clara violación”.

 

Explicó que el plan oficial para el cambio de jurisdicción resulta “violatorio” de la resolución dictada por él, que obliga a la Argentina a pagarle unos 1.500 millones de dólares a los fondos buitre.

 

“Vamos a analizar esa posibilidad más tarde, podremos discutirlo en septiembre”, respondió y agregó: “Vamos a lidiar con esto cuando tengamos que lidiar”, en referencia al momento en que sea aprobado el proyecto por el Congreso.

 

El pedido para que la Argentina sea declarada “en desacato” por desoír resoluciones del juez fue formulado por el abogado Robert Cohen, quien representa al fondo NML de Paul Singer, y su colega Stephen Poss, del fondo Olifant.

 

Esta solicitud se fundamenta en que la Argentina “busca evadir las órdenes de la corte” al decidir cambiar el lugar de pago a los bonistas y había sido solicitada antes mediante un escrito remitido al juez, quien por eso dispuso la audiencia.

 

En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que la intención es romper el contrato con el Bank of New York Mellon -agente de pago en Nueva York- para ofrecer pagar a los bonistas en la Argentina.

 

Los abogados argentinos argumentaron que no fueron notificados del lanzamiento de la nueva ley y le señalaron al juez que declarar el desacato “no facilitaría las negociaciones y solo sería echar más leña al fuego”.