El gobierno bonaerense resolvió  separar del cargo al titular de la Unidad Penitenciaria 41 de Campana, Raúl Garnica, tras la denuncia por el presunto desvío de donaciones de la Fundación Felices los Niños al penal donde se encuentra alojado el cura Julio César Grassi, detenido por abuso sexual.

La medida la adoptó  la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, quien resolvió “separar en forma preventiva” al jefe de la unidad con el objetivo de “garantizar la transparencia en la investigación interna que inició el Servicio Penitenciario”, se informó oficialmente, según la agencia de noticias Télam.

Además se consignó que hasta que se defina al nuevo titular de la Unidad 41, la misma quedará a cargo del responsable del Complejo que componen las cárceles de Campana, Ramón Duarte.

Más temprano, la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense le había pedido informes al responsable de la Unidad de Campana sobre el caso del padre Grassi y había anunciado que tomaría medidas el marco de un sumario administrativo.

"Hubo una entrevista con el director de la unidad de Campana y se le remarcó si había alguna constancia de este tipo de donaciones. Está en un proceso de sumario en Asuntos Internos del Ministerio de Justicia", había dicho la jefa del SPB al canal de noticias TN, luego de que se decidiera intervenir la “Fundación Felices los Niños” desde la gobernación Bonaerense.
 

Cuando se le dijo que las imágenes habían retratado a Grassi con celular y computadoras, Piermarini afirmó: "Lo hemos visto, pero no quita que debamos investigarlo. Vamos a analizarlo con firmeza en la investigación, que será absolutamente exhaustiva y trasparente".

Este es el segundo desplazamiento en seis meses. En enero, la dirección fue obligada a renunciar por un secuestro de 69 facas y 50 celulares. El episodio fue después que un grupo de presos hiciera ostentación de armas caseras en la red de facebook.

Las irregularidades en el Servicio Penitenciario, con dependencia del Ministerio de Justicia, representan una sistemática sucesión de hechos que todavía no encuentran control absoluto por parte de las autoridades.

Entre los delitos a comprobar estarían el de la violación de los deberes de funcionario público.