El juez federal Ariel Lijo concedió  las apelaciones del vicepresidente Amado Boudou y otros procesados en el caso Ciccone, por lo que será la Cámara Federal la que ahora resuelva si confirma o no las imputaciones.

Mediante una resolución, el juez otorgó las apelaciones, entre ellas las de Boudou, el empresario José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, así como las de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick y el ex jefe de asesores de la Afip Rafael Resnik Brenner.

El magistrado concedió las apelaciones de todos los procesados en el marco de la causa por las presuntas irregularidades en el rescate de la ex Ciccone Calcográfica. “

"El cuestionamiento de las decisiones fundadas y apoyadas en los elementos de la causa tiene que ser canalizado mediante los mecanismos procesales legalmente previstos", subrayó Lijo.

El magistrado consideró que los recursos de apelación “se encuentran presentados en legal tiempo y forma por lo que corresponde conceder los recursos de apelación contra el auto de procesamiento de Amado Boudou; José María Núñez Carmona; Alejandro Vanderbroele; Nicolás Ciccone; Guillermo Reinwick y Rafael Resnick Brener, dictado por este tribunal”.

La decisión es el paso lógico y normal ante un procesamiento, puesto que lo contrario hubiera significado denegarle a los imputados el derecho a la “doble instancia”, es decir la revisión del procesamiento por parte de un tribunal colegiado como la Cámara Federal.

El juez cuestionó tácitamente las expresiones de algunos de los escritos de defensa y recomendó que “debe recordarse que el cuestionamiento de las decisiones fundadas y apoyadas en los elementos de la causa tiene que ser canalizado mediante los mecanismos procesales legalmente previstos”. “

Los atajos injuriosos nunca constituyen una defensa plausible, y deberá, la prudencia de los letrados, acomodarse a los estándares previstos en el código de formas para expresar sus agravios; puesto que su responsabilidad técnica incluye el contenido de los escritos que sus defendidos presentan por propio derecho, más aún cuando son avalados por la firma del profesional”, añadió Lijo.

Además, advirtió que “en definitiva, en el marco de un proceso penal y del derecho en general, existen reglas lógicas que permiten sostener una proposición normativa sin la necesidad de recurrir al agravio innecesario, el cual por lo general sólo deja en evidencia la falta de fundamentación”.