La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, fue procesada por delito fiscal y blanqueo de capitales por el juez que investiga desde hace más de tres años el caso de corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin. Solo seis días después de la proclamación de Felipe VI, el juez José Castro de Palma de Mallorca mandó a su hermana al banquillo de los acusados junto a su cuñado por el escándalo que hundió la imagen de la monarquía y amargó los últimos años de reinado a Juan Carlos I. La casa real reaccionó con prudencia, pero desmarcándose de la infanta Cristina: "Pleno respeto a la independencia del Poder Judicial", señaló.

El juez dijo que la infanta se benefició de los negocios ilegales que su marido hizo presuntamente con administraciones públicas desde el Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro que encabezó con su socio, Diego Torres. Urdangarin será juzgado por supuestamente haberse apropiado junto a este último de 6 millones de euros de dinero público. Los beneficios de los negocios del ex deportista iban a parar a una empresa, Aizoon, de la que el ex jugador de balonmano y la infanta eran dueños al 50 por ciento. Cristina actuó "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" mediante una "colaboración silenciosa", dijo el juez.

La fiscalía recurrirá. La fiscalía, que se opuso desde el primer momento a la imputación de Cristina, de 49 años, anunció que recurrirá la decisión, igual que hará la defensa de la infanta. "Ha sido imputada por ser quien es", dijo el fiscal del caso, Pedro Horrach. Si hubiera sido otra persona, "ni se habría hablado de ella", añadió, y consideró que la infanta fue tratada de manera injusta. "No hay ninguna actuación que pueda ser considerada delictiva", indicó por su parte el abogado de la infanta, Miquel Roca.

La decisión final de enviar a la infanta al banquillo de los acusados estará en manos de un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Palma, que verá los recursos. Ese tribunal anuló en 2013 una primera imputación de la infanta. La segunda, en enero de este año, no la recurrió ya ni la defensa ni la fiscalía.

Tras la imputación, la infanta se enfrenta a tres delitos: dos contra el fisco y otro por blanqueo de capitales. En total, y en el peor de los escenarios para ella, esos tipos penales llevan aparejados condenas de hasta 16 años de prisión. La hermana de Felipe VI se puede enfrentar también a una multa que puede representar la sexta parte de la cantidad defraudada.

Hecho histórico. Nunca antes en la historia de monarquía española un familiar directo del rey ha sido juzgado. Cristina se convirtió de hecho en febrero en la primera en ser interrogada por un juez cuando compareció durante cinco horas ante Castro como imputada. La actitud de la infanta en esa comparecencia fue crucial para su procesamiento, señaló ayer Castro. "Se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo", dijo, aludiendo a sus silencios y a sus "reiteradas apelaciones al desconocimiento".

La decisión del magistrado en el auto con el que concluye la instrucción de un caso que le llevó más de tres años supone el primer gran problema al que se enfrenta Felipe, de 46 años, en el inicio de su reinado. "Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", señaló Castro. "Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon", aseguró el juez. A su marido lo manda al banquillo de los acusados por nueve delitos. Entre ellos están los de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa y delitos fiscales.

Excluida. Con la llegada de su hermano al trono, Cristina dejó oficialmente de formar parte de la familia real, ya que según la ley esta la componen los reyes Felipe y Letizia; sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y los reyes Juan Carlos y Sofía. Pero la infanta está apartada de la agenda oficial desde finales de 2011 junto a su marido, cuando este fue imputado en el caso de corrupción que acabó con el prestigio de la monarquía española.

La semana pasada quedó completamente excluida de los actos en torno a la abdicación de su padre y a la proclamación de su hermano. Junto a la infanta, a su marido y al ex socio de este, el magistrado procesó a otras 13 de las 32 personas que había imputado, entre ellos varios ex altos cargos de las administraciones, como el ex jefe del gobierno regional de las Islas Baleares Jaume Matas.