La persistencia en los niveles del "empleo informal" se dio a pesar de la baja en la tasa de desocupación que pasó al término del primer trimestre del año al 7,1% desde el 7,9% de enero-marzo de 2013.

De ahí que el gobierno nacional decidió impulsar el ataque a este flagelo con la promulgación de la Ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La iniciativa estableció los beneficios en torno a las contribuciones patronales para el caso de los empleadores que registren a su personal en relación de dependencia y también promueve una reforma al llamado pacto federal laboral por el que se actualizan los montos de las infracciones laborales.

Sin embargo, entre los factores que le imponen un núcleo duro de informalidad laboral, entendida por la proporción de asalariados que no aportan al Sistema de Seguridad Social, se cuentan la aceptación de pago de "asignaciones no remunerativas", como mecanismo para atenuar el costo laboral.

Pero también atenta contra la ocupación en blanco la persistencia de no actualización de los mínimos no imponibles y de las deducciones especiales de Ganancias para la denominada cuarta categoría, porque lleva a casos extremos en los que se trabaja más para ganar menos, en una economía donde la inflación ya se aproxima a la zona de 40 por ciento.

El Informe del Indec sobre Indicadores Socioeconómicos no releva la informalidad laboral en la franja de los trabajadores independientes; sin embargo, sobre la base de datos del empleo total registrado y la serie parcial de monotributistas y autónomos la ubican en un rango de 60%. De ahí que el trabajo en negro global supera levemente el 40% del total de ocupados en el país.