El Gobierno aumentó el gasto en 2040,9 millones de pesos y como la mayor parte no tiene financiamiento, habrá unos 1800 millones más de déficit. La mayor cantidad de recursos parece estar destinada a lo que podría llamarse "propaganda y relato" y planes sociales.

La jurisdicción más favorecida por la medida adoptada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , en la Decisión Administrativa 426 fue el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner . Las partidas fueron aumentadas en $441 millones para los planes de Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil ($171 millones) y el de Ingreso Social con Trabajo ($260 millones).

El propio jefe de Gabinete dispone ahora de 210 millones de pesos más para Prensa y Difusión de Actos de Gobierno y de $37 millones adicionales para el Fútbol Para Todos .

También Capitanich se auto incrementó en 122 millones las asignaciones con las que puede favorecer directamente a intendentes de cualquier municipio del país.

También en línea con la propaganda y el relato parece estar los $130 millones adicionales para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), creada por la Ley de Medios y que tiene a su cargo la TV Pública (la ex ATC), LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior. También es sugerente la suba de 111,8 millones en la autorización para gastar para la prestadora monopólica de los servicios de rampa en los aeropuertos Intercargo, controlada por La Cámpora .

La cartera de Florencio Randazzo podrá gastar $516,84 millones más, pero muchos de esos recursos provienen de una mayor recaudación por las tasas del Registro Nacional de las Personas por la tramitación de los documentos que deben destinarse a costos crecientes por el incremento de los precios de los insumos.

La Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP) calculó que en total los incrementos de partidas autorizados ayer aumentaron el déficit en 1854,1 millones de pesos. Todavía falta agregar el rojo que generará la reaperura de la moratoria previsional que anunció la presidenta Cristina Kirchner y que el ministro Axel Kicillof calculó en 12.000 millones.

El Ministerio de Cultura

Una curiosidad es que la norma destina recursos a la Secretaría de Cultura, dependiente de la Presidencia de la Nación, que fue transformada en Ministerio de Cultura. Basta entrar a la página web de la Presidencia para ver que ya no hay en su organigrama ninguna Secretaría de Cultura.

En cambio, el ministerio a cargo de Teresa Parodi tiene, además de las de Coordinación y Control de Gestión y la de Coordinación Estratégica Para el Pensamiento Nacional, las de Políticas Socio-Culturales y la de Gestión Cultural.

Pero el ministerio de Teresa Parodi ni es mencionado en la Decisión Administrativa que firmó Capitanich. La razón es que el Gobierno ya pudo llenar los múltiples cargos de la nueva cartera, pero no adecuar las planillas presupuestarias. Entonces, en los papeles de las cuentas oficiales, la Secretaría de Cultura de Presidencia sigue existiendo y allí va a parar el dinero que luego utilizará el nuevo ministerio.

De la cartera de Parodi depende ahora el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Probablemente allí vayan a parar los 1,72 millones adicionales para Estudios e Investigaciones Históricas Sobre Juan Domingo Perón.

En cambio, el millón extra para Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico e Iberoamericano, parecen destinados al Instituto Nacional del Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, que también depende de Parodi.

El total, son 80 millones de pesos extra para Cultura, la mayoría de los cuales está destinado a la contratación de servicios. es decir, asesores, consultorías o servicios no personales, entre los cuales pueden caber los destinados a las realizaciones de actos y puestas en escena como los que frecuentemente encabeza la Presidenta.

En cambio, la medida de Capitanich fue mucho menos generosa con las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, la Gendarmería obtuvo una mejora de $92 millones para contratar capacitaciones para el personal, mantenimiento y reparación de vehículo y pagar servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados. Con esa cifra debe atender la custodia de fronteras y también la seguridad interior y, curiosamente, pagar también $19 millones más en comisiones y gastos bancarios.

Fuente: La Nación