La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe firmó una resolución en que la establece que 300 millones de pesos sean embolsados por el Banco Central de la República Argentina.

Ese dinero se había reunido con la ejecución de bienes del liquidado Banco Integrado Departamental y la liquidación de las acreencias que tenía la entidad financiera cerrada en 1995.

El Máximo Tribunal santafesino determinó que le correspondía a la autoridad monetaria nacional en función de redescuentos realizados de manera irregular.

Por su parte los ahorristas expresaron su indignación ante la decisión de la Suprema Corte y anticiparon que realizarán una apelación ante la Corte de la Nación.