La Administración Provincial de Impuestos (API) presentó una denuncia penal contra el titular de un Registro de la Propiedad Automotor de Rosario por evasión de dos millones y medio de pesos. Según la presentación realizada en la Fiscalía regional, la maniobra tendría que ver con un incumplimiento en el depósito de fondos que corresponden a la provincia lo que configuraría una retención indebida de fondos.

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Sergio Beccari, manifestó a "La Ocho"algunos detalles de la presentación que se realizó en la Fiscalía Regional de Rosario, pero no pudo dar precisiones sobre el responsable del organismo nacional involucrado en la irregularidad.

"Por una modificación que se hizo a fines de 2011 de la ley penal tributaria a nivel nacional, se les otorga facultad a los organismos recaudadores provinciales a denunciar penalmente a los contribuyentes en caso de evasión tributaria", expresó el funcionario.

Según Beccari, el Registro de la Propiedad Automotor es un agente de retención de impuestos provinciales que luego deben ser liquidados a la API. "Cuando esa retención no se deposita en la API y la suma supera los 40 mil pesos mensuales en distintos períodos, la API debe intimar al registro para que se regularice la situación. Si eso no ocurre, API  puede denunciar penalmente al responsable al registro".

Beccari dijo que en este caso, el registro en cuestión acumuló una deuda de dos millones y medio de pesos y habría hecho caso omiso de las intimaciones que formuló la API. El funcionario dijo que la denuncia presentada en estas horas no pone en riego las transacciones u operaciones que se realizaron en el registro. "Las transacciones se hicieron normalmente. El que está en falta es el titular del registro con el resto de las formalidades", sostuvo, y agregó: "Bajo la modalidad de la nueva ley penal tributaria y del nuevo código de procedimiento penal de la provincia, esta sería la tercera denuncia de este tipo que impulsa la API. Dos que tuvieron que ver con el impuesto a los sellos y una por ingresos brutos que se presentó en los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe".

Beccari sostuvo que la pena máxima que se prevé para este tipo de delito "es de seis años, que no son excarcelables, y se puede cancelar la titularidad del registro"