Una audiencia convocada para revisar la permanencia en prisión de acusados de integrar la llamada banda de Los Monos se convirtió en una plataforma de discusión sobre las pruebas, el inicio, la validez y el contexto político de la megacausa impulsada hace más de un año y que tiene a 36 personas procesadas a la espera de juicio. "El origen de esta causa es que el gobierno provincial necesitó calmar el clamor popular de la clase media", acometió el abogado Carlos Varela. El fiscal Guillermo Camporini, la otra voz en el contrapunto, replicó que la pesquisa está fundada en evidencias y que "no puede hablarse de una caza de brujas", además de pedir que sigan detenidos los acusados, entre ellos el señalado como jefe del clan, Ariel Máximo "Guille" Cantero.

La audicencia, que duró cuatro horas, había sido convocada para debatir ante el juez de segunda instancia Rubén Darío Jukic si deben o no seguir presos dos de los detenidos en la causa: "Guille" Cantero y Norberto Alejandro González, alias "Chino". Un tercer imputado, el señalado como administrador financiero del grupo Mariano Ruiz, desistió del recurso porque había recuperado la libertad bajo fianza el 16 de marzo pasado, aunque estuvo presente en la audiencia.

En el aspecto técnico los defensores Varela, Adrián Martínez y Fausto Yrure pidieron la libertad de sus clientes, mientras que el fiscal se opuso. El camarista Jukic seguirá esta semana con un cronograma de audiencias similar es por otros acusados con su libertad restringida y se expedirá al finalizar el ciclo.

Alegatos. La cita de ayer traspasó sus bordes y por momentos pareció adoptar la dinámica de la expresión de alegatos en un juicio. Como la apelación de los procesamientos no prosperó (Jukic se opuso a revisarlos), el equipo de defensores pudo por esta vía realizar cuestionamientos más amplios a la pesquisa. El juez se limitó a escuchar y, a su turno, las partes agradecieron que se permitiera el tratamiento de temas ajenos al menú.

Primero en la lista de oradores, Martínez se refirió a aspectos técnicos de la prisión preventiva dictada a Guille, quien permaneció sentado atento y equipado con un chaleco antibalas. Lo rodeaban cuatro agentes pertrechados como en combate, con los rostros cubiertos con pasamontañas, en medio del excepcional despliegue de seguridad que rodeó a la cita.

El abogado recordó que Guille se presentó voluntariamente en Judiciales en junio pasado. Dijo que el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna no fundamentó la medida, que no hay riesgo de que su cliente intente adulterar pruebas porque la investigación está concluida y que en caso de ser condenado le espera una pena mínima de 5 años.

Varela centró su juego en atacar la solidez de la causa. Los elementos de prueba, dijo, "fueron forzados y preordenados" contra la familia Cantero, "constituida como el paradigma del mal en la causa por el homicidio de Walter Cáceres", recordó, además de señalar que parte del grupo ya había sido sobreseído en una causa previa por asociación ilícita.

La principal idea fuerza que expuso es que la causa fue un armado político del gobierno provincial tras ser señalado como "narcosocialista" con la caída del ex jefe de policía Hugo Tognoli, detenido por narcotráfico. "La verdad es secundaria en un proceso penal. La verdad es inaceptable y es que (el gobernador, Antonio) Bonfatti, (el ministro de Seguridad, Raúl) Lamberto y los delincuentes de la División Judiciales armaron esta causa. Se decidió en una oficina de Bonfatti calmar el clamor de la clase media. Y la cooptación de los medios periodísticos dificulta que aparezca la ley", embistió.

Y fue más lejos: "La División Judiciales, en relación directa con el monje negro de Binner que llenó de amigos el Poder Judicial dieron los lineamientos para inventar esta causa. Esa es la génesis del mal. Una supuesta organización criminal perseguida por una real asociación ilícita; sicarios del poder político de turno que se asustaron con la muerte de Luis Medina y corrieron a ver el contenido de la computadora Mac. Ese grupo de forajidos le vendió pescado podrido a Vienna", disparó Varela.

En el plano más formal, el abogado objetó que las defensas no pudieron controlar el relato de testigos. Dijo que no se aclaró la conducta incriminada a los acusados, que no se esclareció el crimen de Martín "Fantasma" Paz cuyo asesinato dio origen al expediente y que las órdenes de allanamientos habilitaron el secuestrado de estupefacientes, lo que es materia federal.

A esto se sumó un fuerte cuestionamiento a las escuchas telefónicas que realizó Yrure (ver aparte) quien, a su turno, habló en representación de González y dijo que debe recuperar la libertad sin que exista riesgo de fuga porque ya está cumpliendo condena por otra causa.

La respuesta. El fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, secundado por Cristina Rubiolo, replicó punto por punto a esos cuestionamientos. Dijo que la fiscalía tampoco tuvo completo acceso a declaraciones porque esa era la dinámica del viejo sistema penal inquisitivo. Que hubo una "clara intimación de los hechos" a los acusados. Que se dio intervención a la Justicia federal. Y que esta acusación por asociación ilícita no es idéntica a la anterior porque se investigan nuevas actividades e integrantes.

Camporini dio otra versión sobre cómo se levantó el cerco sobre la familia Cantero: "El origen está en que se toma conocimiento por los familiares del asesinado: llega al tribunal el celular de Martín Paz y se empieza a trabajar sobre la agenda, con el dato de que su hermana era novia del asesinado Pájaro Cantero".

Para Camporini "no puede hablarse de una caza de brujas. Puede ser que alguien, equivocadamente, haya aprovechado políticamente esta cuestión. Pero desde el Ministerio Público el único interés ha sido dilucidar los hechos. Son graves delitos con consecuencias importantes en la sociedad".

En definitiva, el fiscal pidió que los dos acusados sigan detenidos —en el caso de Guille ante la magnitud de una pena que podría llegar a los 16 años de cárcel— y a las puertas de un juicio en el que pidió "salvaguardar el interés público ante la importancia del daño a resarcir, con hechos de gravedad y trascendencia".

Polémica en torno a la validez de las escuchas

El abogado defensor fausto Yrure cuestionó la validez de las escuchas telefónicas, consideradas la prueba “más importante y compleja de la causa”. Planteó que fueron indeterminadas, que no fueron fundadas por el juez pese a violentar garantías personales y que se dispusieron ante un organigrama de la División Judiciales de “manera indeterminada” con interceptaciones a los propios defensores.

Para Yrure, al disponer las escuchas meses después del crimen de Martín Paz los investigadores fueron “a una excursión de pesca” para ver qué surgía, pero nada se supo del crimen. El fiscal Guillermo Camporini contestó que “ante el derecho de la persona hay un derecho de la sociedad”, que las escuchas se fundaron en informes y que como resultado se secuestraron armas, autos y drogas.