Un fiscal federal porteño imputó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, por inacción frente a líneas investigativas surgidas del accionar de tres personas ligadas al narcotráfico. Una de ellas es Luis Medina, el rosarino asesinado de 18 balazos junto a su novia Justina Pérez Castelli el 29 de diciembre pasado en el acceso sur a esta ciudad. El reproche al funcionario es que, pese a contar con una importante cantidad de elementos que daban cuenta de actividades de lavado de dinero originado en delitos graves, en el caso de Medina no impulsó ninguna investigación financiera de tales hechos.

La imputación contra Sbatella fue formulada por el fiscal Eduardo Taiano por los presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Fue en respuesta a una denuncia presentada por el senador radical Ernesto Sanz y los diputados nacionales de Unen Martín Lousteau y Fernando Sánchez. Ellos le atribuyeron al titular de la UIF no haber tomado cartas ante una secuencia de indicios serios de lavado de activos de tres individuos, uno de los cuales es Medina. Los restantes son dos narcos colombianos radicados en el norte bonaerense: Ignacio Alvarez Meyendorff y Henry de Jesús López Londoño (ver aparte).

Hombre de la noche. Los legisladores señalaron que el caso de Luis Medina adquirió un notorio interés público a partir del homicidio del hombre que supo incursionar en la noche rosarina. Refirieron que de acuerdo a numerosas noticias periodísticas Medina era un empresario ligado a la venta de drogas en Santa Fe, Córdoba y parte de Buenos Aires. Y que había sido mencionado, dos meses antes de su asesinato, por el atentado a balazos a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.

En la denuncia indican que Medina poseía desde 2011 dos sociedades que estaban a nombre suyo y de su ex mujer: la sociedad Lumed SRL, que tenía como objeto social el negocio de catering empresarial y de eventos sociales; y Yazmín SRL, dedicada al "otorgamiento de préstamos de dinero y financiación en general". Poseía además un negocio próspero de venta de autos de alta gama denominado Lume, en Pellegrini al 5200. Y aparecía como propietario de casas, autos de lujo, discotecas, bares y departamentos que estaban a nombre suyo o de testaferros.

"Era considerado un empresario de la noche y tuvo en el microcentro de Rosario una franquicia del boliche «Esperanto» donde invirtió más de dos millones de pesos en refacciones", señalaron en referencia al local de Zeballos y Presidente Roca, que fue clausurado al cabo de ocho noches durante las que funcionó con la correspondiente habilitación de la Municipalidad.

Los tres denunciantes afirman que todos esos elementos son indicios de lavado de dinero derivados de delitos aberrantes como la asociación ilícita y el tráfico de drogas. Y que deben ser investigados por la unidad antilavado de la Nación. "Pero nada de esos parece haberse hecho a pesar del mandato legal que surge de la ley 25.246 (estableció la creación y la competencia de la UIF) y al acuerdo de cooperación firmado en 2013 entre la UIF y el Gobierno de la provincia de Santa Fe".

Informes. El 26 de enero de 2014 el diputado nacional Manuel Garrido presentó un pedido de informes solicitando qué acciones había desplegado la UIF en el caso de Medina. Requería saber si el organismo había hecho denuncia penal o, en su defecto, los motivos por una decisión contraria.

La UIF respondió el 7 de febrero señalando que participaba en una causa caratulada "Srio AV s/ley 23.737" en trámite en la Fiscalía Federal Nº 1 de Rosario y omitiendo detalles por el secreto de información previsto en la propia ley antilavado. Los diputados denunciantes replicaron que el organismo se escudaba abusivamente en el secreto y que tal cosa no hacía más que "confirmar el desgano, parálisis, e inoperancia de la UIF en lo que hace a las investigaciones financieras de las operaciones de lavado de dinero que encierran el caso «Luis Medina»". Afirmaron que la UIF no se había constituido como querellante en el caso ni solicitado información a la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, que actúa en la causa por el homicidio de Medina y su novia.

El fiscal Taiano adoptó el planteo de los legisladores respecto de que la UIF demostró reticencia a informar y a ser auditada en cuanto la propia ley antilavado, que exige rendición de cuentas ante el Congreso. Y refiere que del material acercado por los denunciantes se advierten deficiencias del órgano antilavado: el grueso de las investigaciones y denuncias de la UIF ante la Justicia penal están desprovistas de indicios que justifiquen la apertura de una causa, no existe ninguna denuncia de la UIF que amerite una investigación relacionada con fondos provenientes del narcotráfico y "sería muy reducido" el número de querellas contra grandes cárteles de droga: sólo tres de las 28 en las que el organismo actúa como impulsor.