La Cámara Penal de Rosario rechazó las apelaciones planteadas por la defensa de las personas procesadas por la tragedia desatada en el edificio de Salta 2141, lo cual los acerca a un juicio donde serán acusados del delito de "estrago culposo agravado" por las 22 muertes, saldo que dejó el fatal accidente por fuga de gas ocurrido la mañana del 6 de agosto de 2013.

Mientras se suceden las controversias entre los familiares de las víctimas que cuestionan abiertamente el rol de Litoral Gas, que se materializó el martes con un escrache frente a las oficinas de la compañía en Mitre y San Lorenzo, en Tribunales surgió la resolución que ubica a las puertas de un juicio a los imputados con distintos grados de responsabilidad penal en desatar el doloroso siniestro.

Los once procesados, que con la resolución del Tribunal de Alzada ven complicada su situación, son el gasista Carlos García, quien estuvo detenido y manipuló el regulador de gas el día que se produjo la fuga y posterior explosión, y su ayudante, Pablo Miño, otro gasista, José Allala, quien trabajó once días antes del hecho y admitió que realizó reparaciones sobre el regulador.

También la Justicia encontró pruebas para determinar que fallaron los controles sobre la red de gas del condominio de tres torres, acusación que recayó sobre Litoral Gas en las personas de los inspectores reclamistas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de estos, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.

Por reclamos previos de los vecinos respecto de fallas en la red de gas preexistentes al accidente también fueron procesados los encargados de administrar el inmueble: Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

Mientras que Miño y Allala no apelaron el procesamiento dictado por la jueza instructora, Irma Patricia Bilotta, sí lo hizo el resto. Elevada la controversia al Tribunal de Alzada, su tratamiento quedó en manos (por sorteo) del juez Guillermo Llaudet Mazza, de la sala III de la Cámara Penal.

El magistrado resolvió el miércoles de la semana pasada rechazar los recursos de apelación planteados por los abogados defensores de los imputados. Según confiaron voceros judiciales, analizó que el procesamiento "no causa un gravamen irreparable", ya que en ninguno de los casos se dictó la prisión preventiva.

Entendió que la admisibilidad del recurso no es procedente, con lo cual cerró las puertas, por ahora, a la revisión de la decisión que tomó la jueza Bilotta.

Sin entrar en la cuestión de fondo, Llaudet Mazza echó por tierra la estrategia de los imputados, quienes pretendían que un tribunal integrado (tres jueces) de la Cámara Penal revisara la resolución de Bilotta y los fundamentos que utilizó para los procesamientos, que ahora quedaron firmes.

No obstante, los acusados se reservan la posibilidad de plantear recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, queja que podría llegar a las Cortes Supremas provincial y nacional, aunque igualmente ello no suspendería los efectos de los procesamientos.

En tanto, la fiscal Graciela Argüelles se notificó ayer de la resolución del Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargás), que aplicó una sanción económica a Litoral Gas de 6,5 millones de pesos, al encontrarla responsable de trece "faltas graves" en el expediente abierto tras la explosión, en la que murieron 22 personas y hubo más de 60 heridos.

Fuente: La Capital