El Concejo Municipal  aprobará en la sesión del jueves dos proyectos para prohibir que los comercios de Rosario cobren un “plus” o dinero extra por las recargas virtuales en la telefonía celular y en las tarjetas para el transporte urbano de pasajeros.

El presidente del Concejo y autor de la iniciativa referida a los teléfonos móviles, Miguel Zamarini, consignó que el proyecto ya fue acordado con Leonardo Gianzone, titular de la cartera provincial que tiene el poder para sancionar, es decir,  la Dirección Provincial de Fomento y Promoción de Comercio y Servicios, dependiente del Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

“Esta medida apunta directamente a terminar con otro de los abusos que muchos comercios cometen en la ciudad de Rosario. La recarga virtual del celular no representa ningún costo para ellos por lo que de ninguna manera puede trasuntar en una erogación para los usuarios”, explicó Zamarini.
 
Una vez que la medida sea puesta en funcionamiento, el mencionado organismo provincial podrá multar a aquellos comercios que sean denunciados o bien se detecte la comisión de ésta práctica. “Esta iniciativa surge a partir de reclamos de miles de consumidores en la órbita del Concejo”, añadió el edil socialista.
 
Asimismo, recordó que el  jueves próximo se aprobará una medida similar para prohibir el cobro extra en la recarga de la Tarjeta Sin Contacto (TSC) del transporte urbano de pasajeros, por iniciativa de la concejala María Fernanda Gigliani. “Son dos proyectos que van de la mano y apuntan de lleno a la defensa de los consumidores”, remarcó.
 
Zamarini subrayó que, en los planes prepagos o con tarjeta, los usuarios suelen realizar no menos de 10 recargas virtuales como promedio mensual, por lo que este cobro extra, “además de ser injustificado, se transforma en una complicación económica para el consumidor”, subrayó.
 
Según recordó, en las reuniones que llevaron a cabo con las empresas de telefonía móvil y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) durante 2013, los propios representantes de las entidades reconocieron que no existe ningún convenio que ampare a los comercios a facturar este sobreprecio.
 
"Tanto este servicio como la carga de la tarjeta de colectivo no son obligatorios para los comercios, sino que ofician como polo de atracción para que los potenciales clientes puedan consumir o comprar otros productos. Pero de ninguna manera se autoriza a cobrar por un servicio que debe ser gratuito”, concluyó Zamarini.