Familiares de las 22 víctimas fatales de la explosión del edificio de calle Salta 2141 no pueden tragar su angustia. En los últimos días algunos de ellos salieron a denunciar la falta de ayuda estatal, a la para que reclamaron más subsidios, ya que, dicen, varios han perdido su empleo, otros no pueden volver a sus ocupaciones –en parte por la interminable sucesión de trámites que en forma colateral también provocó la tragedia– y muchos están enfrentando serias dificultades económicas que agravan las pérdidas humanas y materiales que sufrieron. Por la suma de situaciones comenzaron a buscar audiencias con el gobernador Antonio Bonfatti y también con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El pedido de familiares de víctimas de la tragedia del pasado 6 de agosto para lograr esas dos reuniones fue canalizado esta semana en el Concejo Municipal. Un grupo asistió al Palacio Vasallo y fueron recibidos el martes por la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la radical María Eugenia Schmuck, y el resto de los integrantes de ese cuerpo. En la reunión aseguraron a los ediles que hasta ahora no han podido tener contacto directo con ninguna de las autoridades ejecutivas de los tres niveles del Estado, a las que quieren hacer eco de las situaciones personales que enfrentan.

En diálogo con El Ciudadano, Eleonora López, hermana de Carlos, uno de los fallecidos, señaló que a la presidenta de la Nación quieren solicitarle que apure la sanción definitiva de un proyecto que quedó trabado en el Congreso nacional –lo aprobó el Senado pero la Cámara de Diputados aún no lo trató– para crear un fondo especial de reparación a los damnificados. Esa asistencia incluye una suma única por fallecimiento y otra por “deterioros o pérdidas causadas” en propiedades y muebles accesorios.

El papel del Ente

La mujer también recordó que hace tiempo vienen solicitando una reunión con las autoridades del Enargás, ente que esta semana sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas por considerarla responsable de trece “faltas graves” en torno a la explosión, que constan en el expediente abierto tras la tragedia. Algunos familiares quieren que ese organismo disponga la intervención de la prestataria del servicio público.

Los ediles se hicieron eco de ese reclamo en la reunión del martes y dos días después, en la sesión del jueves, aprobaron dos proyectos: uno para “invitar” a representantes del Enargás a concurrir al Palacio Vasallo para “debatir sobre acontecimientos” en torno a la tragedia y otro que invita a diputados y funcionarios a hacer lo propio sobre “el futuro del espacio de Salta 2141”. Habrá que ver qué eco tienen

En tanto, el sector de los damnificados que integra López insistirá ante el gobernador Bonfatti –si les conceden la audiencia se lo plantearán directamente– por la expropiación del terreno. Esta semana el vicegobernador de la provincia, Jorge Henn, no descartó la posibilidad de que se avance en ese sentido si hay algún pedido en particular. “Lo vamos a analizar, no hay ningún problema al respecto”, dijo el funcionario radical el jueves. ¿Coincidirá el gobernador con esa apreciación?

Los subsidios

Tanto en el Concejo como a este medio familiares de los fallecidos detallaron el por qué de la necesidad de contar con algún tipo de asistencia estatal. Eleonora mencionó que algunos de ellos han perdido su empleo, otros se encuentran con dificultades para ir trabajar (cuyo origen está en lógicas cuestiones anímicas) y que también hay damnificados con serios inconvenientes económicos.

“Hay muchos padres de chicos que fallecieron que trabajaban por su cuenta. ¿Cómo hacen después de una cosa así para salir adelante? Citando casos concretos, ¿cómo pueden salir a vender seguros o a atender una carpintería? Además hay quienes gastaron su dinero en trámites sucesorios. Estamos todos muy mal. Ahora nos quedó el lastre de la postragedia”, sostuvo la mujer.

Tras eso Eleonora recordó que el grueso de los jóvenes fallecidos era oriundos de pueblos de la región. “Los padres de esos chicos están a media máquina. Tienen que venir a Rosario todo el tiempo y cada vez que los hacen deben gastar mucho dinero”, marcó.

Quién tuvo apreciaciones similares fue Marcela Nissoria, allegada a Hugo Montefusco, otro de los fallecidos en la explosión. La mujer sostuvo el martes pasado en el Concejo que todos los familiares “se sienten muy solos”.

“Los únicos que nos reciben son los concejales en la comisión de Derechos Humanos y por ello estaremos eternamente agradecidos. Hoy no estamos preparados ni siquiera para pensar y para colmo advertimos que para nosotros el Enargás no existe. Necesitamos subsidios para poder seguir adelante”, dijo.

“Nos tienen de acá para allá y el dinero que hemos recibido sólo nos ha servido para pagar un nicho y el entierro de nuestros deudos”, finalizó Nissoria.

Fuente: El Ciudadano