El Tribunal de la Cámara Penal de Tucumán condenó hoy a penas de entre 22 y 10 años de prisión a los diez condenados por el secuestro y promoción de la prostitución de Marita Verón. Además, nueve de ellos quedaron presos, y a la restante le concedieron arresto domiciliario.

Tanto los fiscales como los abogados de Trimarco habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión para quienes consideran coautores del secuestro: los hermanos Gómez, Milhein y González. Para los otros seis imputados, se solicitaron penas menores ya que se considera partícipes necesarios.

Antes de conocerse el fallo, por la mañana hubo una jornada corta y, de los condenados, la única que habló ante los jueces fue Natalia Bustos, quien reclamó su inocencia y sostuvo que "nunca me vieron en los prostíbulos, no se qué hago acá". El abogado Juan Carlos López Casacci había solicitado la pena mínima, considerando que Bustos, de acuerdo a la sentencia dictada por la Corte Suprema, había cumplido un rol "ínfimo" en la organización.

La Suprema Corte de Justicia de Tucumán había revertido el fallo absolutorio de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, y luego dispuso que un nuevo tribunal defina la condena para cada uno de los imputados.

La Corte dispuso la condena al considerar probado que María de los Angeles Verón, “Marita”, fue secuestrada el 3 de abril de 2002, retenida primero en una casa de la capital tucumana y luego trasladada a La Rioja, donde fue obligada a prostituirse. Las acciones de los diez condenados constituyeron eslabones, según ese fallo, de tal cadena de hechos.

En diciembre de 2012, al cabo de diez meses de juicio oral, el tribunal formado por Piedrabuena, Herrera Medina y Romero Lascano había absuelto a los 13 imputados originales. Esa sentencia desató violentas protestas y un pedido de Susana Trimarco de que sus firmantes fueran sometidos a un juicio político que no prosperó.

Al año siguiente la Corte tucumana anuló la absolución, condenó a diez de los imputados, absolvió a dos (María Jesús Rivero y Víctor Rivero) y dio por extinguida la acción penal contra Lidia Medina, quien había muerto unos meses antes.