La iniciativa, de dos artículos, establece que "a los delincuentes que reincidan en alguno de los delitos graves se les duplicará la pena, mientras que a los que delincan por tercera o más veces se les triplicará". "No obstante, se prevé que en ningún caso las penas máximas excedan el límite de treinta años", precisa el artículo primero.

Asimismo, prevé que "los delincuentes reincidentes de determinados delitos graves y delitos de narcotráfico no tengan derecho al beneficio de las salidas transitorias y del régimen de libertad anticipada y condicional".

El proyecto "persigue un efecto preventivo disuasorio, que refiere a la reducción de los delitos como resultado de un aumento en los costos esperados por los delincuentes que cometan un delito grave", aseguró Guillermo Maciel, principal asesor de Bordaberry en seguridad pública.

Maciel indicó que se busca "un efecto de caída de los delitos como resultado de una reducción en la masa de delincuentes que se encuentran en libertad", así como "una más efectiva reinserción social del recluso al tener más tiempo para su rehabilitación".

"En el contexto actual de incremento de la inseguridad ciudadana, el Estado debe emitir señales claras a la delincuencia respecto a la respuesta penal que dispone frente al caso de delincuentes habituales, que reinciden una y otra vez en su comportamiento delictivo grave, diferente de aquellos casos de delincuentes realmente primarios", consideró el ex director general del Ministerio de Interior.

Maciel explicó que "la filosofía del proyecto apunta a tener un instrumento para combatir la inseguridad y para desalentar la delincuencia" y agregó el objetivo es "que quienes se sientan inseguros de andar por la calle sean los delincuentes y no los ciudadanos honestos". Apuntó que "el proyecto envía, a su vez, una señal muy clara a los delincuentes, pensando en proteger más a la sociedad", y precisó que "es una ley que busca evitar nuevas víctimas de delitos graves y salvar vidas".

La iniciativa reavivó una polémica sobre la efectividad del aumento de las penas en la evolución de los delitos y, en ese sentido, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Milton Cairoli consideró que "no es necesario aumentar las sanciones penales". Cairoli señaló al diario El Observador que "el proyecto se refiere a casos de delitos graves, como el homicidio, cuyas penas máximas para los distintos tipos es de 12, 24 y 30 años; la rapiña con un guarismo máximo de 16 años; la violación con máximo de 12 años".

"Como se ve, todos ellos tienen máximos de penas considerables, por lo que creo que en esta parte la propuesta no es compatible", explicó y agregó que "la experiencia recogida en otros países donde se ha aumentado las penas indica que no por esa circunstancia los delitos se cometen en menor número".

Maciel, en cambio, indicó a ANSA que "la experiencia empírica demuestra que la delincuencia bajó en Estados Unidos con el aumento de las penas" y añadió que "los delitos, sin la Ley de Seguridad Ciudadana, hubieran aumentado más". Concluyó que "las leyes no son permanentes, son un instrumento más para combatir la delincuencia y hay que adecuarlas a la realidad".

Los robos en todo el país aumentaron de 9.142 en 2005 a 16.812 en 2012, mientras que los homicidios aumentaron de 197 en 2003 a 285 en 2013, con un récord en 2012 de 289 asesinatos.

Según encuestas, la seguridad es, para la opinión pública, el principal problema del país, con el 46% de las respuestas, seguida con 16% por la educación y 10% por las drogas.

Bordaberry, de 53 años y amplio favorito para quedarse con la nominación presidencial del Partido Colorado para las elecciones de octubre, también impulsó la convocatoria un plebiscito para bajar a 16 años la edad de imputabilidad de los jóvenes que cometen delitos, que se realizará en octubre junto con los comicios.

Fuente: Infobae