Cuando falta menos de un mes para que pierda vigencia la ley de expropiación de los Talleres Ferroviarios Rioro, en Pérez, los ex trabajadores de la empresa y sectores políticos iniciaron una carrera frenética y contrarreloj para lograr que el gobernador Omar Perotti prorrogue el proceso y pueda activarse el gran predio de 33 hectáreas, ocho de ellas destinadas a la actividad ferroviaria. Aseguran que hay inversores interesados en la actividad, que el Estado no tendría que desembolsar dinero y que, vencidos los plazos, el propietario de Rioro podría hacer “lo que se le dé la gana” con los terrenos y los talleres.

Los talleres Rioro cerraron intempestivamente el 22 de junio de 2017. Ese día los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas y un escueto comunicado de la gerencia pegado en la reja de la entrada. Luego de una conciliación obligatoria que no llegó a buen puerto, la compañía cesó definitivamente sus actividades el 4 de agosto de ese año.

Allí comenzó todo un proceso vertiginoso que terminó en la sanción, el 29 de noviembre de 2018, de la ley 13.868, que dispone la expropiación por parte del Estado provincial del predio y de los talleres: ocho naves productivas, otrora destinadas a la fabricación, reparación y modernización de locomotoras, coches de pasajeros, subconjuntos y partes de locomotoras, que más recientemente se habían abocado el diseño y fabricación de estructuras metálicas para diferentes sectores de la economía.

En rigor, la ley fue promulgada el 7 de enero de 2019, pero quienes traccionan a favor de su implementación pusieron el 29 de noviembre como fecha tope. Es que a partir de allí, y pese a las reuniones y tramitaciones con las entonces autoridades provinciales, la norma fue cayendo en el olvido.Lo que se dice vulgarmente, “quedó cajoneada”. Así lo recuerda Fabián Laffont, un ex empleado y promotor de toda la movida que se inició con el cierre de los históricos talleres.

Laffont recordó que cuando comenzó la pandemia del coronavirus, y viendo que todo entraba en un parate, empezaron a moverse porque advirtieron que “el expediente no estaba por ninguna parte. La administración anterior lo había puesto a un lado porque evidentemente, y por motivos que desconocemos, no quería la expropiación y dejó que el tiempo transcurriera y los plazos caducaran”.

El ex trabajador explicó que “una vez que se llegue a la fecha límite, si no se hace nada, el propietario del taller, Gabriel Romero, puede hacer lo que se le dé la gana”. Y afirmó que “los inversores quieren venir, están dispuestos a comprar el predio y tienen proyectos concretos, que incluso ya están en manos del presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Según especificó, habría tres grupos inversores interesados, aunque el “más fuerte” sería Ferrovías del Bajío, una sociedad mexicana que desde hace más de 80 años se dedica a la reparación y fabricación de material rodante, y está representada en Argentina por la compañía Ferronaval.

Los proyectos contarían con el apoyo del Instituto Argentino de Ferrocarriles, cuyo director, Pablo Martorelli, “hizo convenios con Ferrovías del Bajío para la inversión”, dijo Laffont. Y afirmó que “ya tienen proyectado qué se puede hacer ahí adentro, y hasta cuánta mano de obra se puede tomar. Acá la provincia no tendría que invertir nada, es cuestión de firmar un contrato a término que permita a los empresarios empezar con la explotación y la búsqueda de clientes, que los hay. Además, si se busca reactivar los trenes de cercanía con Casilda y con Cañada de Gómez, no se puede hacer sin talleres”.

También recordó que en mayo de este año, los trabajadores tomaron contacto con el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, y con titular de la Unidad de Gestión Ferroviaria, Fernando Rosúa, quien “se puso al hombro la expropiación”.

También hubo contactos esta semana con los diputados Luis Rubeo y Carlos Del Frade, quienes oportunamente, junto a Verónica Benas, presentaran el proyecto en la Cámara baja.

Mientras tanto, el concejal de Pérez Federico Jolly presentó un proyecto solicitando que se declare de interés público la implementación de la ley 13.868, que sanciona la expropiación de los talleres.

Por medio de la iniciativa, se requiere al Ejecutivo Municipal de Pérez y al gobierno provincial que continúe el proceso expropiatorio, ya que se encuentran próximos a vencer los plazos previstos por ley. Además, le solicita al estado provincial la necesidad de prorrogar por ley especial el proceso expropiatorio.

“Junto a los ex trabajadores nos encontramos muy preocupados, ya que se cumplen los dos años de la sanción de la ley de expropiación sin que el estado lleve adelante el juicio, y siendo así, la ley considera abandonado el proceso y quedaría sin efecto lo sancionado el año 2018” abundó Jolly. Y agregó que “están dadas todas las condiciones para ser llevada adelante la iniciativa, ya que tanto el Estado provincial como el municipal han recibido propuestas formales de inversión para hacerse cargo de los talleres. No hay argumentos económicos para decir que no”.