El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, inauguró ayer el período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, con un discurso conciliatorio hacia la Casa Rosada y el anuncio de un proyecto para expulsar de la fuerza policial a quienes abandonen el servicio.

El amotinamiento policial y los saqueos de diciembre pasado, los escándalos de narcotráfico en la propia policía, la parálisis de la radicación de una filial de Monsanto ante el rechazo de ambientalistas, las quejas contra la aplicación del Código de Faltas y los problemas de agua de la ciudad de Córdoba fueron las deudas de gestión que De la Sota prometió saldar.

De esta manera el mandatario, cuyo partido Unión por Córdoba lleva ya 14 años gobernando la provincia, anunció que dirigirá sus acciones inmediatas más a corregir los que son vistos como déficits de gestión que a impulsar nuevas iniciativas.

La excepción estuvo en el lanzamiento de "Confiamos en vos", un plan similar al nacional dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan, los llamados "ni ni", y que en su primera etapa alcanzará a diez mil beneficiarios, con una inversión que rondará los 80 millones de pesos.

En su mensaje a la Legislatura, De la Sota evitó entrar en mayor polémica con el poder nacional: si bien hizo una breve mención a la situación económica, que calificó de "crítica", se mostró conciliador. "Los cordobeses estamos dispuestos a ayudar, a cooperar y a aportar lo mejor de nosotros en todo lo que el gobierno nacional nos requiera", señaló.

Las mayores expectativas sobre su discurso estaban centradas en materia de seguridad, luego de que un motín policial dejara a la ciudad de Córdoba a merced de saqueadores a principios de diciembre pasado y de que removiera a parte de la cúpula policial por un escándalo de narcotráfico.

Protesta cero.En cuanto a la prevención de futuras crisis, el gobernador anunció el envío de un proyecto de ley que castigará severamente, incluso con cesantías, a policías insubordinados que realicen abandono del servicio o efectúen reclamos de manera hostil o tumultuosa, para lo cual se creará un Consejo de Bienestar Policial para canalizar sus demandas de manera institucional.

"A los policías que sigan pensando que actuaron bien cuando se amotinaron, les digo: cambien de actitud, arrepiéntanse, y sepan que nunca más podrán repetir lo que han hecho", advirtió.

También anunció la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que dependería directamente del fiscal general y no del jefe de policía, como ocurre hoy, en un esfuerzo por acallar las denuncias de complicidades con el narcotráfico que afectaron no sólo a policías, sino también a funcionarlos cercanos al propio De la Sota, como el ex ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien debió dejar su cargo.

Prometió, por otra parte, medidas para prevenir lo que grupos de defensa de derechos humanos denuncian como arbitrariedades policiales al aplicar la polémica figura del "merodeo" que rige en el actual Código de Faltas: esto permite a la policía detener y decidir el arresto de cualquier persona que parezca sospechosa en la vía pública.

Monsanto. Lo que hace casi dos años fuera anunciado como una señal de confianza de inversores internacionales en la provincia, la radicación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en el Gran Córdoba, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para De la Sota.

La rápida y hasta poco clara autorización para que se instalara la firma, generó una dura respuesta de grupos ambientalistas que rechazaron la radicación e incluso bloquearon el predio para detener las obras que ya habían comenzado, lo que generó numerosos enfrentamientos no sólo con la policía sino también con grupos de la Unión Obrera de la Construcción.

Para superar esta suerte de impasse en que se encuentra el proyecto, De la Sota prometió actualizar la legislación ambiental de la provincia para incluir mecanismos como consultas populares y audiencias públicas.

Fayt cumplió 96 años y deseó que "mejore el clima" en el país

El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt manifestó ayer su deseo de que "mejore el clima" en el país y, a pesar de estar cumpliendo 96 años, evitó referirse a su eventual jubilación.

"En este momento hay truenos, está lloviendo en el país. No es el clima que a mi me gusta", sostuvo Fayt, quien aprovechó la tormenta para enviar un mensaje en clave política.

En el día de su cumpleaños, el magistrado mantuvo un breve diálogo con una radio porteña en el que afirmó: "Vamos a pedir que mejore el clima. Que tengamos un mejor clima para todos y un porvenir abierto para nuestros hijos. Que la patria sea digna del himno que tiene".

Fayt es el juez de mayor edad en la Corte y por ello fue cuestionado en junio de 2012 por la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó que "no puede ser" que siga siendo ministro del máximo tribunal, porque "la Constitución establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal".

"Cuando mencioné el origen político de algunos integrantes de la Corte se me olvidó nada más ni nada menos que el casi centenario miembro, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista", escribió la presidenta en Twitter aquella vez.

Fayt le respondió a la mandataria al día siguiente señalando que "los hechos son sagrados, pero el comentario es libre".

En octubre pasado, Fayt se convirtió en el único integrante de la Corte que se pronunció a favor del Grupo Clarín en los artículos clave de la ley de medios y consideró inconstitucional la norma.

Fayt es miembro de la Corte desde 1983, cuando fue propuesto por el presidente Raúl Alfonsín, y la presidenta lo criticó por no haberse jubilado luego de cumplir 75 años, como lo estipuló la reforma de la Constitución de 1994: el juez se mantiene en el cargo ya que la propia Corte, en una acordada interna, dejó sin efecto para casos previos aquel inciso de la Carta Magna que dispone la remoción automática.

Fuente: La Capital