La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) se manifestó el viernes en la puerta del Ministerio de Educación en la capital provincial para exigir políticas integrales para la enseñanza rural, y en particular, al problema del transporte que afecta a docentes y estudiantes. Hubo un compromiso oficial de dar una respuesta tras las vacaciones de invierno. Si no llega esa solución, "habrá una gran marcha en defensa de la ruralidad", anticipó la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso.

Durante la presentación de un curso de formación docente, realizado el viernes por la tarde en el Nacional 1 de Rosario, Alesso compartió con las casi 500 asistentes la preocupación por lo que pasaba en las escuelas rurales santafesinas y el reclamo manifestado al Ministerio. Adelantó allí que, de no haber respuestas para después de las vacaciones de invierno, "habrá una gran marcha en defensa de la ruralidad".

La exigencia de Amsafé a la cartera educativa es para que se atienda de "manera integral la situación de la ruralidad en la provincia". Con esta meta llegó, el viernes pasado, hasta las puertas del Ministerio un buen número de representantes y delegados de las distintas delegaciones gremiales. Se demandó "una urgente solución y que se garantice la movilidad para estudiantes y docentes de escuelas rurales", tal como expresaron en un posterior comunicado.

Las docentes plantearon a las autoridades que están en juego "el derecho social de los alumnos y las alumnas, y las condiciones de trabajo docente, de lo cual el Estado tiene la responsabilidad constitucional de ser garante. El traslado seguro es una preocupación que afecta a todos los niveles de la ruralidad y que requiere una atención integral", señalaron, y pidieron "un espacio de debate para discutir una política global para atender la ruralidad, desde una perspectiva general, que mire tanto lo propio de esta enseñanza como los problemas que acarrean la falta de trabajo y el desarraigo".

"El Estado, manifestaron en ese escrito, debe estar presente para garantizar una educación pública gratuita, que los docentes puedan llegar seguros a trabajar".

A mediados de junio pasado, el tema del transporte en la ruralidad se hizo público cuando familias de escuelas rurales secundarias de la zona de Casilda denunciaron que sus hijos ya no llegaban a las escuelas por la decisión oficial de no pagar más este traslado, que se realizaba en combis o remises. Se conoció entonces que se trataba no de un reclamo puntual, sino de un problema generalizado en toda la provincia, y se denunció como "un ajuste" en materia educativa.

Niegan que haya un ajuste

Esta semana, el secretario de Gestión Territorial y Educativa de la provincia, Federico Paggi, negó que se tratara de un ajuste y dijo que la movilidad estaba garantizada con el pago de un plus salarial por "zona desfavorable" a las profesoras y los profesores de la secundaria rural, y de "Becas de movilidad" a las alumnas y alumnos.

Entre otros conceptos, el funcionario propuso que para asistir a dar clases, las profesoras de secundaria podían hacer "igual que lo hacen las maestras de primaria", manejándose "con sus propios medios", y hasta "juntarse entre varias para pagar la nafta y trasladarse" en un mismo vehículo.

El problema del transporte en la enseñanza rural tiene largo tiempo en la agenda de reclamos del magisterio. Se ha hecho visible ante tragedias como las de la violación y asesinato de la maestra Daniela Spárvoli (2003) o el accidente mortal de las docentes de Tostado (2013).

Fuente: La Capital