En el Senado santafesino, la mayoría justicialista propone declarar la Emergencia Eléctrica Tarifaria, en todo el ámbito de la provincia por el término de trescientos sesenta (360) días, ante el “incremento irracional de las tarifas que ha impactado fuertemente en la población”.

  Se trata de un proyecto de ley que seguramente tendrá ingreso formal durante la próxima reunión y que no podrá ser tratado por la Cámara Alta hasta después de iniciado el período ordinario de sesiones, el 1º de mayo.

  Contiene una fórmula polinómica que parece más una declaración política que el resultado de un estudio económico, capaz de atenuar el tarifazo desatado por la suba dispuesta por el gobierno nacional del megavatio de $ 50 a  $ 1.070, en los últimos dos años.

El texto declara la emergencia “atendiendo al alto impacto en la población que tiene el incremento en el cuadro tarifario que aplican las empresas prestatarias del servicio”, es decir, la EPE y las cooperativas eléctricas del interior provincial. Les ordena: “Adecuarán los cuadros tarifarios vigentes a fin de que el incremento producido en cada uno de sus componentes no supere el índice que surja de la aplicación de una fórmula polinómica de ajuste de tarifas”.

  Identifica 4 variables para imponer ese tope tarifario: “En un 50%, el aumento ponderado de la tarifa mayorista que abonan las prestatarias; en un 20%, el incremento salarial acordado dentro de la paritaria para los agentes del Estado Provincial dentro del año 2018; en un 20%, el Índice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec); y en un 10%, el incremento en otros rubros de costos de las prestatarias”.

  La norma impulsada por la oposición pretende que -con carácter retroactivo- también queden bajo ese “techo” las modificaciones de tarifas “producidas a partir del último trimestre del año 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente”, con la consiguiente devolución de lo facturado y cobrado a los usuarios.

Subsidios  

“En el supuesto de que con motivo de la aplicación de las limitaciones a los incrementos tarifarios que se disponen precedentemente, se generen diferencias entre los ingresos y costos de las prestadoras que no puedan ser absorbidos por cada uno de ellas, facultase al Poder Ejecutivo a aplicar las medidas tendientes a financiar los desequilibrios resultantes habilitando las partidas necesarias”.

  Las erogaciones que demande la aplicación de la iniciativa “serán atendidas de la siguiente manera: a) Con recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública de la Provincia de Santa Fe, Ley Nº 12.403, contemplados en la Ley Nº 13.745 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2018; b) Con otros recursos que destine el gobierno provincial”.

  El tercer artículo crea, en el ámbito de la Legislatura, una Comisión Bicameral integrada por tres senadores y tres diputados, para “el análisis de las tarifas y los distintos ítems que la componen, contemplando en el análisis todas las tarifas aplicables a los distintos usuarios”.

  Tareas  

Para la obtención de los objetivos propuestos, la Comisión “podrá requerir información o asesoramiento a la Secretaría de Estado de Energía, a la Empresa Provincia de la Energía y a otras jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Provincial cuyo objeto guarde vinculación con el análisis del cuadro tarifario”.

La Comisión deberá, en un plazo de ciento ochenta días, “elaborar un proyecto de reformulación del esquema tarifario, evaluando previamente los costos y gastos de cada una de las prestadoras a fin de emitir opinión acerca de las tarifas establecidas y medidas aplicables, para lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio.