El gobernador, Miguel Lifschitz, firmó el decreto 276/18 que reglamenta la ley 13.579, por la cual se crea una agencia encargada de administrar aquellos bienes materiales decomisados en operativos vinculados al narcotráfico y otros delitos.

De esta forma, Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en contar con una legislación sobre la materia. 

En septiembre de 2016 la legislatura santafesina sancionó la ley que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un ente autárquico dependiente de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El titular de la Agencia deberá coordinar y sistematizar información sobre los bienes y derechos involucrados con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ). Además, determinará el destino de cada bien según lo estipulado por la ley.

En tanto, el nuevo organismo publicará y actualizará en forma periódica en la web, el listado de rodados que se encuentran a su disposición y que pudieran resultar de utilidad para distintas áreas o reparticiones del Estado Provincial, o para municipios y comunas.

También, habilitará un registro por treinta días para que los Ministerios y Secretarías tomen conocimiento de ello, y soliciten la entrega de los vehículos disponibles. Los rodados puestos a disposición de la Agencia se entregarán a las áreas o reparticiones interesadas en calidad de depósito o comodato renovable anualmente.